La
semana pasada puede haber sido una de las más difíciles en la vida de Luis
Carlos Sarmiento. En menos de siete días su organización recibió tres golpes:
la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el
nombramiento del fiscal ad hoc y el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
El
martes se conoció formalmente una investigación del Departamento de Justicia de
Estados Unidos contra el proyecto Ruta del Sol II. Tres días después, en
Bogotá, la Corte Suprema de Justicia escogió a Leonardo Espinosa Quintero como fiscal
ad hoc.Y el jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –en fallo de
primera instancia– impuso una severa sanción a los socios de la concesionaria
Ruta del Sol, incluida la empresa Episol, filial del Grupo Aval. Estos hechos,
aunque independientes entre sí, tienen un elemento en común: establecer si el
Grupo Aval tuvo algún conocimiento o participación en las actividades ilegales
de Odebrecht, socia mayoritaria en ese negocio.
De
estos tres expedientes el menos peligroso es el del fiscal ad hoc. Esa figura
fue creada en forma improvisada para solucionar los evidentes conflictos de
interés que tiene el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Pero a pesar de
la idoneidad del recién nombrado, Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, tiene un limitado margen de acción.
Por
un lado, de las 17 líneas de investigación de corrupción de Odebrecht, solo
recibirá dos. Estas son relativamente inocuas, pues se limitan a los casos en
que el fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido: uno relacionado con
las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody y otro sobre la negociación de
los exdirectivos de Odebrecht. El de las exministras no va para ningún lado,
pues ya está archivado. Y el de los brasileños puede ser grave o no, según lo
que estos estén dispuestos a confesar. Entre las responsabilidades del fiscal
ad hoc no han quedado hasta ahora expedientes claves como los del exdirector de
la ANI Luis Fernando Andrade y el del fallecido controller Jorge Enrique
Pizano.
En
realidad los otros dos casos van a acaparar la atención de ahora en adelante.
El de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay una diferencia de
enfoque sustancial entre una y otra. La de Estados Unidos tiene por objeto
establecer si hay pruebas de que el Grupo Aval tuvo conocimiento, encubrió o
participó en los sobornos de Odebrecht. La segunda, la del Tribunal de
Cundinamarca, parte de la base de que ya hay una responsabilidad probada por lo
menos de que conocían los sobornos, e impone sanciones drásticas.
La
justicia norteamericana tiene un foco más restringido que el fiscal ad hoc,
pero más dientes. Como el Grupo Aval está en la Bolsa de Nueva York desde
septiembre de 2014, las autoridades de ese país tienen la facultad de
investigarlo. Al Tío Sam no le interesan Otto Bula ni el Ñoño Elías. Busca
establecer si un grupo empresarial que cotiza en Wall Street ha incurrido en
alguna actividad irregular.
Determinar
la realidad sobre los sobornos de Odebrecht no ha sido fácil. Los brasileños
han revelado en su mayoría apenas una parte de la historia. Al parecer
Odebrecht es leal con sus socios y por eso en sus primeras declaraciones los
directivos de la multinacional se limitaron a reconocer los giros hechos a
Colombia desde el extranjero. Esos eran supuestamente los 11,1 millones de
dólares que corresponderían a los 6,5 del exviceministro Gabriel García por la
adjudicación de la Ruta del Sol II y a los 4,6 de Bula para obtener la adición
del tramo Ocaña-Gamarra.
Pero
como en este escándalo ha habido tantas mentiras ni siquiera eso resultó
verdad. El propio Otto Bula testificó que él no había recibido 4,6 millones de
dólares, sino 40.000 millones de pesos, que con el dólar a 2.000 serían 20
millones de dólares. A diferencia del exviceministro, quien se embolsilló toda
la plata, Bula asegura que repartió la mayor parte. En términos generales se
calcula que los sobornos totales de Odebrecht no son ni los 11 confesados por
los brasileños, ni los 33 revelados por la Fiscalía, sino que podrían llegar al
orden de los 50 millones. Estos estarían repartidos por mitad entre tráfico de
influencias para ganar contratos y aportes a las campañas políticas para tener
amigos en el poder.
Dos
compañías controladas por Odebrecht, en las que Sarmiento es socio minoritario,
giraron buena parte de esos sobornos: Consorcio Ruta del Sol SAS, la
concesionaria, y Consol, la constructora. El Grupo Aval sostiene que esas
empresas hicieron esos sobornos sin conocimiento de ellos, y al respecto Luis
Carlos Sarmiento Gutiérrez hizo la siguiente declaración ante las autoridades
financieras de Estados Unidos: “Nosotros no teníamos absolutamente ningún
conocimiento de las acciones ilegales de nuestro socio, oficialmente
solicitamos ser admitidos como víctimas del caso por cuenta de las acciones de
Odebrecht”.
Esa
declaración se dio después de que la Fiscalía de Colombia le había imputado
cargos al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por tener
conocimiento de los sobornos. Ese cargo se originó en las declaraciones de Luiz
Bueno, exjefe de Odebrecht en Latinoamérica, quien manifestó que había tocado
el tema de los pagos ilegales con Melo y que habían acordado un reembolso
posterior. Como Corficolombiana es un holding del Grupo Aval, los directivos de
este afirman que tienen un buen concepto de él, y que esperan que pueda probar
su inocencia. Pero que si llegó a meter la pata, lo hizo a nivel individual y
sin conocimiento de sus superiores.
Sin
embargo, después de las declaraciones de Sarmiento Junior salieron a flote dos
novedades que complicaron la situación. Por una parte, el controvertido
contrato de transacción elaborado por Néstor Humberto Martínez como abogado de
Sarmiento para recuperar 33.000 millones de pesos que Odebrecht le habría
tumbado al banquero. Y, por otra parte, aparecieron las grabaciones del
controller, Jorge Enrique Pizano, cuyo contenido y trágico desenlace son ya
conocidos. Lo relevante de estas dos revelaciones es que demostrarían que el
Grupo Aval y Martínez conocían de actividades irregulares de Odebrecht desde
2015.
Estos
desarrollos han llegado a tener resonancia internacional, en parte, por el
exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade. Como tiene nacionalidad
estadounidense echó mano de los recursos que esta le permitía para defenderse
de los 11 cargos que le pueden representar más de 15 años de cárcel. No solo se
reunió personalmente con las autoridades de ese país, sino que contrató a un
lobista y a una firma de abogados para visibilizar su caso ante el Congreso y
el gobierno gringos.
La
posición de la familia Sarmiento y de los directivos del Grupo Aval acerca de
todo este enredo es que no se puede confundir un desfalco con un soborno. En
otras palabras, ellos descubrieron que les estaban robando una plata y lo que
hicieron fue recuperarla. Para ellos, y para Néstor Humberto Martínez, nada en
el contenido de las grabaciones ni en el contrato de transacción permite
concluir que sabían de sobornos.
Lo
más grave
Sin
embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no llegó a la misma
conclusión la semana pasada en un fallo sobre corrupción en la Ruta del Sol II,
que cayó como una bomba en círculos empresariales. Aunque se trata de un
veredicto apelable, por ser una decisión judicial resulta definitivamente más
grave que todo lo anterior. El fallo resultó de una acción popular instaurada
por el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. El jueves ese tribunal
dio a conocer la decisión según la cual sancionó por más de 800.000 millones de
pesos a un grupo de empresas y personas involucradas en el escándalo de
Odebrecht y la Ruta del Sol II. Una de estas fue Episol, filial de
Corficolombiana y del Grupo Aval.
El
fallo del tribunal implica que todos los socios tendrán que responder
solidariamente por más de 800.000 millones de pesos.
Episol
es uno de los jugadores más importantes del sector de infraestructura en el
país. Tiene solo o con socios 9 de los 30 proyectos de Cuarta Generación (4G)
que se desarrollan actualmente. Entre estos están Coviandina, encargada de
construir el último tercio de la vía al llano; la nueva vía al mar y una de las
vías de la prosperidad en el Pacífico, así como la carretera
Villavicencio-Yopal. Estos proyectos tienen un valor conjunto de casi 26
billones de pesos.
El
fallo sorprendió por su contenido y por sus destinatarios. La decisión implica
una de las indemnizaciones más cuantiosas que ha emitido la justicia en una
acción popular: 800.000 millones de pesos (260 millones de dólares), que pueden
ser cobrados en su totalidad “a cualquiera de ellos”. Es decir que si alguno no
tiene la plata los demás tienen que responder. Esa orden tiene serias
implicaciones si se tiene en cuenta que Odebrecht no tiene activos en Colombia
y que solo le han podido embargar los enseres que tenían en una oficina en
arriendo.
La
sentencia en otro punto declara responsable por corrupción no solo a la
concesionaria de la Ruta del Sol, sino también a sus socios: Odebrecht, el
grupo Solarte y Episol, la filial de Corficolombiana. Y los sanciona con
inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado. No solo los socios del consorcio constructor
tendrían que pagar la multa de 800.000 millones de pesos, sino también
particulares involucarados como el viceministro Gabriel García, José Elías Melo,
Otto Bula, y los brasileños Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz
Eduardo Da Rocha. No es claro en el fallo cómo se van a repartir las cargas
entre empresas y particulares.
El
fallo tiene varios efectos. Adopta medidas cautelares que imponen embargos
sobre las cuentas y los dividendos de Episol y las otras compañías involucradas
en el caso de corrupción de Ruta del Sol II. Eso hace imposible que ese
consorcio pueda pagar las deudas de 1,8 billones de pesos que tiene con los
bancos. El 33 por ciento de esta deuda corresponde a Episol. Cuatro de los
bancos acreedores pertenecen al Grupo Aval (Banco de Bogotá, Popular, Occidente
y AV Villas) pero también están otros como Davivienda, Bancolombia e Itaú, que
tienen una participación cercana al 50 por ciento de esas acreencias.
El
Grupo Aval cotiza en la bolsa de Nueva York por eso está en la órbita del
departamento de justicia de Estados Unidos.
Además,
el fallo inhabilita a Episol por diez años, lo cual afectaría no menos de nueve
grandes obras y podría paralizar su ejecución, lo que sin duda sería un golpe
para el desarrollo de la infraestructura. Cualquier transición de Episol para
solucionar el tema tiene que darse de manera expedita.
Pero
el Tribunal, en su medida más drástica le ordena a la ANI la suspensión
definitiva del contrato y comenzar a negociar uno nuevo. Eso en la práctica
suena poco probable porque el reciente fallo aumentará la incertidumbre que
reina sobre los cierres financieros del programa de vías 4G. Estos se han
demorado más de la cuenta a la espera de que un tribunal de arbitramento defina
la fórmula para liquidar el avance de obra de Ruta del Sol II. La
concesionaria, que hoy está en el banquillo, alcanzó a completar el 53 por
ciento de la obra y aspira a que la ANI le reconozca cerca de 3 billones de
pesos. La ANI considera que ese reembolso debe ser de alrededor de la mitad de
las pretensiones del consorcio, y la decisión final está en manos de los tres
árbitros del Tribunal.
Efectos
a futuro
El
problema consiste en que parte de las platas que esperan los socios de Ruta del
Sol II estaban destinadas a pagar los 1,8 billones de pesos que les deben a los
bancos. Con el fallo del Tribunal el jueves pasado la multa de 800.000 millones
de pesos sería descontada por la derecha de la cifra que fije el Tribunal de
Arbitramento. Por ejemplo, si este decide que la liquidación por el 53 por
ciento del avance de obra es de 2 billones de pesos, al deducirsele 800.000
millones de la multa quedarían solo 1,2 billones para pagarles a los bancos. El
futuro de la infraestructura está en vilo por cuenta de esta incertidumbre. Hay
16 cierres financieros de las 4G pendientes de las decisiones del Tribunal de
Arbitramento y de qué va a pasar con el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de la semana pasada.
Además,
el fallo ordena dedicar al proyecto los recursos de la fiducia creada para
responder por las acreencias y no podrán usarse para responder a los terceros
de buena fe que prestaron para construir las obras. Esta medida, que suena muy
razonable, aumenta la desconfianza de los bancos y le podría dar un golpe fatal
al modelo de alianzas público-privadas, creado justamente para ejecutar obras
costosas con el concurso de privados en momentos en que el gobierno no tiene
plata. Al dudar sobre la recuperación de su capital, los bancos lo pensarán dos
veces antes de entrar en este esquema hacia el futuro.
Ese
fallo fue de primera instancia y va para una bronca grande. Episol ha anunciado
que lo apelará ante el Consejo de Estado. Esto significa que toda la artillería
jurídica del Grupo Aval se enfocará en reversar la decisión en esa segunda
instancia.
El
Grupo Aval ha sentido más el escándalo de corrupción de la Ruta del Sol II en
el comportamiento de las acciones que en los resultados financieros de las
empresas que lo integran. En la bolsa, ha bajado fuertemente. En los últimos
cinco meses la acción del Grupo Aval ha caído alrededor del 20 por ciento,
mientras que la del Banco de Bogotá ha bajado el 17 por ciento y la de
Corficolombiana el 35 por ciento. Solo el viernes, un día después de que se
conoció el fallo del Tribunal de Cundinamarca que plantea la millonaria
indemnización, la acción de Corficolombiana cayó 8,2 por ciento.
Pero
no todo el porcentaje de esta caída puede atribuirse al escándalo. Durante este
mismo periodo el mercado de valores en general cayó un 12,7 por ciento en cinco
meses. Y más de la mitad de ese porcentaje que afectó a todas las empresas
obedeció al retiro del fondo internacional Harbor, el cual tenía alrededor de 3
billones de pesos en acciones en Colombia. Sin embargo, es claro que la acción
también se ha visto afectada por otros factores como la caída de los puentes
Chirajara y La Pala.
A
pesar de estos bajonazos, tanto los bancos como Corficolombiana van a tener muy
buenos balances al fin de año. En el tercer trimestre del año las utilidades
netas de Aval crecieron 78,7 por ciento frente al mismo trimestre del año
anterior, y en el acumulado del año se han incrementado 37,9 por ciento frente
a la de los primeros nueve meses de 2017. El Banco de Bogotá ha crecido
alrededor del 40 por ciento, Banco de Occidente el 25 por ciento, Banco Popular
el 84 por ciento y AV Villas el 30 por ciento.
La
inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado, dictada a las firmas
concesionarias, sienta un precedente que podría paralizar los proyectos de
infraestructura.
Además,
se estima que las utilidades de Corficolombiana, el holding de inversiones que
no tienen que ver con los bancos, podrían alcanzar al cierre del año alrededor
de los 1,5 billones de pesos. Las campañas en las redes sociales que invitan a
la gente a retirar sus ahorros del Grupo Aval no han tenido un impacto
importante. Según directivos de la entidad, el promedio de retiros ha sido
comparable al de los años anteriores. A pesar de esto, Bloomberg registra que
la fortuna personal de Luis Carlos Sarmiento ha perdido 2.400 millones de
dólares en este año. Eso no significa que el banquero esté en la olla. Según el
mismo medio, sigue siendo el hombre más rico de Colombia con una fortuna de
10.100 millones de dólares. Y en cuanto a la caída del precio de sus acciones,
el mayor comprador de las mismas en este momento es él, quien considera que
están baratas y son un buen negocio.
Sin
embargo, las consecuencias para Luis Carlos Sarmiento no son lo más importante
que tiene el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del jueves
pasado. La decisión tiene implicaciones graves para dos sectores clave de la
economía colombiana: la infraestructura y el sector financiero. En cuanto a la
infraestructura, queda el interrogante de qué va a pasar si se le decreta la
inhabilidad por diez años a Episol y al Grupo Solarte. Estos tienen varios
proyectos que están en plena ejecución y que podrían quedar paralizados.
Tampoco es claro quién podría reemplazarlos ante la incertidumbre creada.
Pero
más allá de todas estas consideraciones económicas, hay otras no tan visibles,
pero que sí pueden tener consecuencias muy graves. En este momento Colombia
está atravesando un periodo de pesimismo y escepticismo como se ha visto pocas
veces en el pasado. Las encuestas demuestran que hoy nadie cree en nada y
sienten que el país va por mal camino. Esto es más una percepción que una
situación de crisis, pero con el tiempo las percepciones tienden a convertirse
en realidades. Todo este cuadro no ayuda a la estabilidad institucional del país,
más aún la pone en riesgo.
Tomado
de revista SEMANA
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