LA CUENTA DE COBRO CON QUE LLEGA CÓRDOBA A LA CONTRALORÍA

Los líderes de las bancadas le pusieron 203 votos al pereirano Carlos F. Córdoba para llegar al codiciado puesto, y ya esperan su compensación una vez posesionado

Carlos Felipe Córdoba ya sabía que iba a ser el nuevo contralor. La semana pasada las bancadas, por orden de sus jefes naturales –, César Gaviria, Andrés Pastrana, Germán Vargas Lleras— escogieron a Córdoba para suceder a Edgardo Maya. El único que no estaba de acuerdo era Álvaro Uribe, quien ya tenía su candidato José Félix Lafaurie. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y el ex presidente decidió no poner resistencia. Incluso José Obdulio Gaviria no le dio su respaldo a Lafaurie y se fue con Córdoba. Las votaciones le dieron la razón. En el Congreso, La U encabezada por Roy Barreras, los liberales con Mauricio Gómez Amín, hombre de confianza de Gaviria; los de Cambio Radical con Germán Varón Cotrino al frente; y los conservadores por orden de su presidente Hernán Andrade que le quitó el apoyo a su anterior candidato Wilson Ruiz, le pusieron 203 votos. Su elección pareció más un trámite que el estreno del nuevo mecanismo para elegir el cargo.

Y es que el nuevo contralor se ha convertido en una ficha que le cae bien a todos. Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales pereirano que se inició de la mano del ex presidente Uribe en las juventudes de su campaña en 2002 y comenzó en la actividad pública en el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y luego pasó a ser secretario de Gobierno del conservador Víctor Tamayo, en la gobernación de Risaralda. De ahí pegó un salto a uno de los cargos de más alto vuelo en la Contraloría. Con escasos 30 años, Córdoba se convirtió en la mano derecha de la entonces contralora Sandra Morelli, siendo su vice contralor en 2012.

Sin embargo, mientras Córdoba iba estrechando su relación con el santismo, en la Fiscalía su nombre le empezó a dar problemas a su jefa Morelli. Para esos años Córdoba se casó con Marcela Yepes, hija de Ómar Yepes, ex congresista y ex director del Partido conservador. Yepes trabajaba en la Contraloría, pero su esposo le hizo el puente con Eduardo Montealegre y llegó como directora administrativa en la Fiscalía, un cargo de confianza del fiscal. Yepes se llevó unos documentos que no dejaban bien parada a Morelli, y Córdoba decidió alejarse de ella y defender a su esposa y su nuevo jefe.

Córdoba siempre ha querido ser alcalde de Pereira, pero cada tanto le sale un puesto nuevo que lo obliga a aplazar su candidatura. En 2015, cuando ya estaba haciendo planes de campaña, en Risaralda lo contactó César Giraldo, entonces director del Centro Democrático en el departamento, para que lo ayudara a organizar el partido y a cambio se le entregaría el aval. Al final la alcaldía no resultó, pero aterrizó como Auditor General de la Nación con el respaldo del Centro Democrático y en donde armó revuelo mediático, pero terminó muy criticado por su relación con Germán Vargas Lleras.

Cuando Córdoba salió de la Auditoría General, llegó a la campaña del ex vicepresidente Vargas. Se unió a la recolección de firmas y Cambio Radical le dio todo el respaldo cuando su nombre empezó a sonar para la dirección de la Federación de Departamentos. Córdoba conocía la federación cuando Germán Chica, del círculo inmediato del entonces presidente Santos, fue su director como cabeza del programa anti contrabando del gremio de los gobernadores. Con el respaldo de Cambio Radical y Germán Vargas Lleras, quien estaba buscando reemplazo al anterior director Plinio Olano, investigado y señalado en el escándalo Odebrecht.

El nuevo Contralor ha sabido moverse en todas las toldas políticas sin quedar comprometido con una en particular. Con su elección, la lupa ahora queda sobre los nombramientos directos que puede hacer en las contralorías regionales, cargos de alto vuelo que tradicionalmente han sido usados para pagar favores políticos.

TOMADO DE LAS 2 ORILLAS

¿QUÉ IMPLICA LA ELIMINACIÓN DE LOS TRES CEROS EN LA MONEDA?

El poder Judicial y el Ejecutivo se pusieron de acuerdo sobre la eliminación de los tres ceros de la moneda colombiana. La propuesta fue hecha por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien aseguró que el proyecto será presentado el 17 de marzo al Congreso.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le salió al paso a la propuesta

y planteó la posibilidad de eliminar los ceros con el fin de combatir el lavado de activos y dejar sin efecto las caletas de grupos delincuenciales. Asimismo, el presidente Juan Manuel Santos aceptó el proyecto y ratificó que será el Legislativo el que tendrá en sus manos la posibilidad de aceptar o rechazar la eliminación de los ceros.

¿En qué afecta a la economía de a pie?

Según los analistas y los políticos que han revivido la propuesta, la medida solo simplificaría los modelos contables de las compañías en  términos de grandes análisis de datos o cifras de dinero. Según Sergio Zafra, analista económico, esta medida, “en términos generales, puede facilitar el manejo de la economía colombiana, y va a permitir que el manejo contable se facilite”, pero agrega que “no tiene efectos en la economía local; solo va a facilitar operativamente el manejo de la economía”.

Los analistas concluyen que el tema no es nuevo y que ya se había pensado cuando se emitió la nueva familia de billetes. “Si alguien fue detallista, se dio cuenta de que la palabra ‘mil’ reemplazaba las figuras en la nueva familia de billetes”, afirma el experto financiero y presidente de Franco Group S.A, Diego Franco.

Zafra explica que con esa nueva denominación “tendríamos una moneda mucho más pareja frente al dólar. Ya no estaríamos hablando de que 1 millón de dólares equivale a 3 mil millones de pesos sino que equivaldría a 300 millones de pesos”. La denominación actual, según el analista, “hace que los libros contables tengan bastantes ceros, mientras que en otras economías (sin ceros como la peruana) las cifras no son tan grandes”.

El experto financiero Diego Franco también explica que con el auge turístico que está viviendo Colombia, la nueva medida le facilitaría la conversión mental de dólares a pesos a los turistas y mejoraría la experiencia viajera. También explica que el Gobierno deberá invertir en programas de pedagogía porque las personas podrían pensar que se reducirán sus dineros.

“Suponiendo que el salario mínimo esté en una cifra redondeada de 800 mil pesos, va a quedar en 800; la gente va a creer que su dinero va a perder valor adquisitivo por no tener los ceros”, pero eso no es cierto, agrega Franco. “El dinero va a ser el mismo y va a alcanzar para lo mismo”.

Este tema podría verse reflejado en el bolsillo de las personas del común. Es posible que los supermercados y almacenes de cadena estandaricen los precios porque la denominación hará más difícil el cambio de los picos. Lo que se concluye es que eliminar los ceros no va a afectar, más allá de la costumbre, la economía de los colombianos.

 Tomado de KIENYKE

URIBE ZANJÓ LA DISCUSIÓN INTERNA Y OPTÓ POR LLEVAR LISTA ABIERTA AL SENADO

© Semana Uribe

La puja terminó. La expectativa en torno a si el Centro Democrático llevará listas abiertas o cerradas al Congreso desató un fuerte debate interno, que prácticamente dividió al partido en dos bandos, y tuvo que ser conjurado por su máximo líder, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. 

Tuvieron que realizarse varias consultas y reuniones para tomar la decisión. Los defensores de la lista cerrada argumentaron siempre que eso permitía mantener la coherencia ideológica de la colectividad e impedía el ingreso de personas que, a juicio de este sector, solo tendrían como interés sumarse al uribismo a punta de dinero mas no con ideas.

En esta orilla se ubicó parte de la actual bancada de senadores que, en su mayoría, aspiran a reelegirse y no quieren perder los privilegios de estar en los primeros puestos de la plancha, ente ellos José Obdulio Gaviria y Alfredo Ramos, ya que la fórmula funcionó bien en el 2014 –en su primera medición ante las urnas– cuando se ganaron 20 curules en la cámara alta.

"Nefastos marrulleros con sueñan convertir el Centro Democrático en un nuevo partido de la U, de listas abiertas con clientelistas cuestionados, pero contra ellos también damos la pelea", dijo recientemente el senador Ramos, pero perdió.

En este grupo, por supuesto, se quiere que Uribe vuelva a encabezar la lista y jalone a los demás miembros de la plancha. En los comicios de hace tres años largos esta fórmula alcanzó a superar los 2 millones de votos y –debido a las tres sillas vacías que ahora mismo tiene la U (Bernardo ‘ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Morales)– hoy eso hace del Centro Democrático la bancada mayoritaria. 

Y en el otro bando se unieron miembros de peso como el excandidato Óscar Iván Zuluaga, el dirigente ganadero José Félix Lafaurie y, entre otros varios, el exministro Fabio Valencia Cossio, quienes han defendido la lista abierta como fórmula para abrir nuevos espacios de participación en las regiones y aumentar su representación en el Senado.

La fórmula planteada es que la lista tenga 52 integrantes, que Uribe esté en el primer puesto y que, por supuesto, los actuales congresistas que se requieran reelegir también participen, al igual que los representantes, como María Fernanda Cabal, que quieran pasar al Senado.

La intención es que el expresidente jalone la mayor cantidad de votos posible y que las personas afines también marquen el tarjetón sobre el escudo del partido, lo que se convierte en un sufragio válido que suma a la hora de repartir curules.

Las cuentas internas indican que Uribe puede obtener más de un millón y medio de votos, el escudo del partido otros tantos y, por supuesto, los demás integrantes de la lista abierta podrían llevar los demás. De esta forma, con un global que supere los 2 millones de sufragios se apelaría a la cifra repartidora para un número limitado de cupos, no 100 como es costumbre, y ello permitiría alcanzar por lo menos 25 senadores.

Esta fórmula, la de lista abierta a Senado con 52 nombres en ella, fue la que finalmente escogió el expresidente Uribe. Según la senadora María del Rosario Guerra, comisionada por el líder del Centro Democrático para este propósito, la puja la dirimió él y se inclinó por cambiar la fórmula para las elecciones del 2018.

"Fue una decisión del Presidente fundador que considera que es la mejor manera de poder tener incluidas a muchas personas que quieren estar en el partido", enfatizó Guerra.

Ya en lo referente a la Cámara de Representantes se decidió que la decisión de lista abierta o cerrada quede en manos de cada directorio regional para que, en términos electorales, escoja el camino más beneficioso. Solo para los casos de Bogotá y Antioquia, donde el uribismo cuenta con 5 y 6 representantes, respectivamente, Uribe se meterá a fondo para determinar qué paso dar.

Con esta decisión, una vez más quedó confirmado que más allá de cualquier discusión que se dé en el Centro Democrático el jefe es Álvaro Uribe y él es quien toma las decisiones de fondo. Esta vez, incluso actuando contra varios de los postulados que ha defendido durante su regreso al Senado desde el 2014, optó por la lista abierta al Senado. Un mensaje claro de quien manda en la colectividad uribista.

Este es el sonajero de la lista uribista

En las últimas horas se conocieron nombres de quienes podrían estar en la lista abierta con 52 integrantes que se conformará para aspirar al Senado. En el uribismo la llaman semiabierta, y aunque esa figura jurídica no existe la denominan así porque no se llenarán los 100 cupos de los que se dispone en el tarjetón.

•         Por Antioquia, por supuesto, estará el propio Uribe, y suenan con fuerza Paola Holguín, Santiago Valencia, Alfredo Ramos, José Obdulio Gaviria, John Marulanda, Claudia Bustamante y Fabio Aristizábal.

•         En Atlántico se escucha hablar de Jaime Amín, Carlos Meisel y Ana María Abello. Por Araucaestaría Miguel Matus.

•         En Bogotá suenan Rafael Nieto, Iván Duque, María Fernanda Cabal, Alfredo Rangel, Clara Lucía Sandoval, Eva María Uribe, Oswaldo Parada, Rafael Guarín y eventualmente el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

•         Por Bolívar se escucha de Fernando Araújo Merlano, Gabriel Arango y Oswaldo Ortiz (el youtuber cristiano). En Boyacá se ha hablado de Ciro Alejandro Ramírez y Rigoberto Barón. En Caldas suena Carlos Felipe Mejía y en Caquetá Rafael Torrijos y Gustavo Cabrera.

•         En Casanare han sonado Margarita Restrepo, Ítalo García, Reinaldo Vanegas, Guillermo Abril y Jorge Ortiz Vélez. En Cauca aspirarían José González y el general (r) Leonardo Barrera. En Cesar se habla de Sergio Araújo y Faruk Urrutia. Y en Córdoba estarían Daniel Cabrales y Ruby Chaguy.

•         Por Cundinamarca se escucha hablar de Everth Bustamante, José Miguel Santamaría y Yenny Rosso. Por Huila estarían Ernesto Macías y Hugo Tovar Marroquín. En Magdalenaaspiraría Honorio Miguel Henríquez. En el Meta estarían Nohora Tovar y Jennifer Arias. Y por Nariño Eduardo Alvarado y Pablo Andrés Guerrero.

•         En la región de Norte de Santander estarían Milla Restrepo y Basilio Villamizar. Por QuindíoHernando Márquez. En Risaralda se escucha de Juan Hurtado Cano y Alejandro Corrales. Y en Santander aspirarían Johana Chávez, Carlos Alberto Gómez, Jaime Clavijo, Severiano Cala y Quintín Herrera.

•         En la lista por Sucre estaría María del Rosario Guerra. En la de Tolima Paloma Valencia, Pierre García y Emanuel Arango. Y por Valle Gabriel Velazco, John Harold Suárez, Robinson González y Brasilia Romero.

Como se ve, la lista supera los 52 cupos que se decidieron abrir, en la medida de que hay actuales senadores, estarían los precandidatos (menos Carlos Holmes Trujillo) y otras personas con las que el uribismo ha coqueteado. Se espera que a más tardar el lunes se conozca el listado definitivo.

Tomado de Revista Semana

LOS HILOS QUE MUEVE SAÚL CRUZ, EL FUNCIONARIO QUE FINGIÓ UNA AGRESIÓN EN EL CONGRESO

LOS HILOS QUE MUEVE SAÚL CRUZ, EL FUNCIONARIO QUE FINGIÓ UNA AGRESIÓN EN EL CONGRESO

La primera vez que Saúl Cruz se subió al atril del Senado fue el pasado miércoles. En ese lugar, reservado para las intervenciones de congresistas, ministros y altos funcionarios, denunció un presunto ataque de un camarógrafo de Noticias Uno del que se declaró víctima. Se señaló en el pómulo las consecuencias de la supuesta agresión. Volvió a su lugar y desde allí comprobó la solidaridad de los senadores. Quienes vieron el espectáculo se percataron de que aquel funcionario, que ostenta el cargo de subsecretario del Senado, tenía gran influencia entre los parlamentarios. No se equivocaban.

Aunque la palabra subsecretario pareciera hacer alusión a un funcionario de bajo perfil, en los zapatos de este tolimense, nacido en Rovira, parece alcanzar otra dimensión. Según la ley, sus funciones se limitan a asistir al secretario general, y reemplazarlo en caso de ausencia. Pero Saúl Cruz las ha llevado a tal punto que no hay una hoja que se mueva en el Congreso sin que pase por su revisión.

Es un conocedor de todos los secretos del Capitolio, ese lugar que más que su oficina parece su casa, pues lleva más de dos décadas casi  siendo parte del inventario del Congreso. Saulito, como le llaman la mayoría de senadores, ha sabido utilizar su despacho para mover algunos hilos de la política, especialmente todo aquello que huela a burocracia.

Estudió economía en la Universidad Externado y llegó al Congreso hace 23 años, de la mano del entonces senador Guillermo Angulo Gómez, tolimense como él. Su primer cargo no fue cualquiera, era el director de bienes y servicios del Congreso. Allí consolidó sus padrinazgos políticos, pues se le señaló de ser cuota de otro congresista tolimense, Luis Humberto Gómez Gallo.

Tras seis años en ese cargo, ascendió al de subsecretario del Senado en 2002, cuando fue elegido por la plenaria como cuota del Partido Conservador. Luis Alfredo Ramos fue el encargado de posesionarlo. Desde entonces, cada periodo se repite una escena, la aclamada votación que registra para mantenerse en el cargo. En 2010, por ejemplo, fue reelegido con 100 votos, un resultado incluso superior al que obtuvo Armando Benedetti como presidente del Senado.

Desde entonces, despacha en la segunda oficina tras ingresar al Capitolio. Allí se mueven todo tipo de asuntos. Los congresistas tramitan solicitudes de tiquetes aéreos, excusas, asignación de vehículos. Cada cuatro años los parlamentarios desfilan para separar las oficinas, y a diario se definen el orden del día de los proyectos. Saúl Cruz es el encargado de atender todas las peticiones de los senadores, quienes casi siempre salen de aquel despacho con el favor resuelto.

Pero esos no son los únicos asuntos que detrás de esa puerta de madera se manejan. Saúl Cruz ha convertido la oficina del subsecretario en una agencia de lobby a la que muchos acuden para conseguir la aprobación de un proyecto de ley, pero sobre todo para determinar algunas elecciones que suceden en el Senado. Una habilidad, en buena parte, producto de sus magníficas relaciones con los senadores durante más de dos décadas deambulando por el Capitolio.

A finales de 2008, el subsecretario fue clave para que el Senado eligiera a Ordóñez procurador general de la Nación. Los senadores lo nombraron compromisario, es decir el encargado de hacer cumplir los acuerdos. En buena parte lo que se pactó en aquella ocasión fueron algunas de las más de 700 plazas de procurador judicial, cargo que ostenta un salario de magistrado, y que terminó repartido entre parlamentarios de varios partidos políticos.

Tras la elección, Cruz era el encargado de velar porque se cumplieran los compromisos, pero no solo eso, también tuvo cuotas en la Procuraduría durante la era Ordóñez. El caso más evidente fue el de su hermano, el coronel de la Policía Héctor Alfonso Cruz Bonilla, quien fue nombrado jefe de Seguridad de la Procuraduría. También se le atribuyeron otros cuatro puestos en los despachos del Ministerio Público en el Tolima.

La misma fórmula que repitió cuatro años después, para la reelección de Ordóñez que el Consejo de Estado anuló con posterioridad. Voto a voto, compromiso a compromiso. Pero no solo eso, fue la llave de Martha Isabel Castañeda, la viceprocuradora general, que tenía entre sus funciones servir de enlace con el Congreso, que no es otra cosa que hacer lobby.

A Cruz también se le atribuye el triunfo de la elección, en 2012, del magistrado Luis Guillermo Guerrero, y quizás la mayor de sus victorias fue la sorpresiva victoria de Carlos Bernal, también como magistrado de la Corte Constitucional, en la elección que tuvo lugar en el Senado hace un mes.

Sin embargo su gestión no necesariamente es sinónimo de éxito. Saúl fue el gran derrotado en la elección de procurador general, el año pasado, pues se encargó de mover y buscarle votos a la candidata María Mercedes López. Esa vez hasta su partido, el Conservador, terminó votando por Fernando Carrillo.

El pasado miércoles (ver imágenes) estuvo a punto de darle una derrota al gobierno. Movió la campaña de Álvaro Motta por lo que muchos lo asociaron con Alejandro Ordóñez. Tras dos semanas abordando a sus amigos los senadores, curul por curul, le faltaron cinco votos para asestar su nuevo golpe. Tras la elección, Saúl Cruz subió al atril, consciente que con su poder podría provocar alguna retaliación del Congreso contra los periodistas que presuntamente lo habían agredido.

Cruz salió a la palestra este domingo cuando Noticias Uno reveló que el subsecretario del Senado no había sido víctima de ninguna agresión, por el contrario la simuló. Como cuando un futbolista finge una falta en el video se aprecia al funcionario cabeceando al camarógrafo dos veces.

El hecho de que el Senado haya creído en su versión es la prueba de que el subsecretario tiene arraigo e influencia entre los parlamentarios. Por su denuncia pública la Procuraduría le abrió una investigación, y en las redes sociales varios congresistas y ciudadanos del común exigen su renuncia.

Saúl Cruz, sin embargo, pidió cinco días de vacaciones, pero hará lo posible por mantenerse en un cargo que ha ocupado 15 años. Aspira a ser secretario del Senado. Hace cuatro estuvo a punto de lograrlo, para reemplazar a Emilio Otero, quien prácticamente fue su maestro en el manejo de todos los secretos del Congreso, pero aquel cargo le correspondía al Partido de la U, no a los conservadores.

Es probable que regrese tras esa licencia, como si nada hubiera pasado. A pesar de haber mentido en el atril, los senadores no le quitarán el cariño, y su poder e influencia seguirán vigentes. A Saúl Cruz lo consideran el senador 103.

Tomado de revista SEMANA

Y AHORA, QUÉ HARÁ URIBE?

© Semana Y ahora, ¿qué hará Uribe?

En sus más de treinta años de vida pública, Álvaro Uribe ha sumado tantas triunfos como fracasos en la política nacional. Todo el país conoce su sonrisa cuando lo acompañan las victorias, y sabe que el dirigente antioqueño es de los pocos que se quedan cruzados brazos asimilando las derrotas, por un rato...

Las palabras que pronunció el presidente Juan Manuel Santos este martes, en su alocución nocturna, pudieron suponer una derrota para el senador jefe del Centro Democrático, principal movimiento político que dijo No al primer acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Uribe escuchó al mandatario en la plenaria del Senado, allí se dio por notificado que el nuevo acuerdo de paz, que no incluyó las preocupaciones sustanciales del No, será refrendado e implementado en el Congreso.

La sonrisa que Uribe tenía en el rostro el pasado 2 de octubre, cuando consiguió una sorprendente victoria en el plebiscito, ha desaparecido de su rostro, 51 días después. Pero seguramente, en su cabeza, ya se prepara el nuevo paso a seguir, porque conociendo al expresidente, no se quedará mucho tiempo masticando el golpe.

Uribe apostó porque se implementara un nuevo acuerdo de paz, pero no como el que sellaron el gobierno y las FARC hace una semana. Quería modificaciones “sustanciales”, pues asegura que el nuevo texto tiene graves contenidos, que en su criterio, el país no debe aceptar.

Para el jefe del Centro Democrático, y principal jefe del No, en el nuevo acuerdo “se mantiene la impunidad prácticamente igual a cómo estaba en el primer acuerdo”; “se mantiene el narcotráfico como delito conexo al delito político; “y la única salida que se le da a las Fuerzas Armadas es acudir al tribunal de las FARC a reconocer delitos no cometidos para encontrar su libertad”.

También le genera preocupación que no se hubieran acogido algunas sugerencias en el tema de enfoque de género, aunque aclaró que todos están de acuerdo con reconocer los derechos de la mujer.

Lo mismo que le preocupan 600 secuestrados de las FARC de los que no se tienen noticia, y que las víctimas de la guerrilla reclaman respuesta.

Y aclaró que los voceros del No renunciaron a una convicción y aceptaron que puedan elegir a los miembros de las FARC, pero después de que cumplan una pena adecuada.

Como el gobierno y las FARC no atendieron esas observaciones, Uribe le pide a la opinión pública pensar en lo que significa el nuevo acuerdo de paz para el futuro del país. “Hoy se le acepta esto a las FARC, mañana qué pasará con sus disidentes, con el ELN, con 3500 bandas criminales, en un país que tiene hoy, según la Fiscalía, más de 150.000 hectáreas de coca”.

Pero como a Uribe se le agotó el oxígeno que recibió el 2 de octubre en las urnas, ya no tiene otra alternativa que enfrentar el nuevo acuerdo en el Congreso, durante su implementación.

No es un escenario favorable para el expresidente, pues allí, en algo más de dos años, lo que ha cosechado es una colección de derrotas. La coalición de la paz es tan amplia que en todas las votaciones el uribismo ha perdido por goleada.

“Nosotros también hemos dicho que el gobierno y las FARC modificaron unos temas en buen sentido, los recibimos bien, y otros que se pueden ajustar en el Congreso”, dice Uribe, pero en su conciencia debe saber que si se salva el Fast Track no se pueden modificar los textos del acuerdo en los debates de la implementación en Senado y Cámara de Representantes. Aunque parece la crónica de una derrota anunciada, el uribismo ha demostrado que cuando pierde, lo hace con las botas puestas, o dilatando los debates como dirían los congresistas de la Unidad Nacional.

En primer término, a diferencia de lo dicho por Santos, que el Congreso es una vía legítima para refrendar los acuerdos, Uribe considera que, de acuerdo con la palabra empeñada por el presidente de la República, y a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional, “se debe acudir es a la refrendación popular, bien sea de todo el acuerdo o por lo menos de esos temas sensibles sobre los cuales no hay acuerdo”. De acuerdo a estas palabras, que nadie descarte una demanda contra la refrendación, vía Congreso, del nuevo acuerdo de paz.

Pero la bandera de la defensa de esos temas “sensibles” Uribe no solo la enarbolará en el Congreso. También lo hará en las calles, un escenario menos adverso y que le ha dado gran parte de sus alegrías en la política.

“Centro Democrático estará permanentemente en la lucha por estos temas (…). Nos toca trabajar aquí en el Congreso y en la calle, con los ciudadanos que puedan acompañar las tesis que defendemos”, dijo Uribe, a la vez que mencionó la palabra referendo. “Vamos a ver qué se hace en materia de promoción de referendo, de otras alternativas”, todo para buscar un nuevo pronunciamiento del pueblo que pueda respaldar sus tesis.

Que Uribe y su partido se suban en el tren de la paz, seguramente no se verá. Por el contrario, lo que se advierte es una apuesta fuerte en contra del nuevo acuerdo de paz. Puede ser una posición anacrónica, pero seguramente algún rédito electoral tendría, más aún cuando el debate presidencial del 2018 se acerca a pasos agigantados. Y allí, Uribe, experto en victorias y derrotas, será parte del juego.

Tomado de REVISTA SEMANA

PROCESO DE PAZ: 21 PUNTOS PARA PONERSE “DE ACUERDO”

Los promotores del No, el gobierno y las Farc llevan más de un mes intentando llegar a puntos comunes. Esa tarea se ha vuelto tan titánica como difícil. El viernes pasado los negociadores del gobierno llevaron a la Habana más de 400 propuestas. Y se espera con estas construir un nuevo documento. El tiempo que tome ese ejercicio es difícil de determinar, aunque el presidente Santos señaló que espera que en los diálogos no se vayan más allá de noviembre.

Quienes sí se pusieron de acuerdo fueron las principales organizaciones sociales del país. En un documento de ocho páginas estas proponen 21 puntos necesarios para avanzar en el proceso de paz.

El documento está firmado por rl Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Instituto de Ciencia Política (ICP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y más de una decena de profesores de universidades de todo el país, entre muchos otros.

Todos ellos aseguran que tienen “planteamientos adicionales”, pero que los elementos que plantean en esos 22 puntos “enfrentan razonablemente las principales críticas y temores de quienes votaron NO en el plebiscito pero, a la vez, preservan la estructura y la esencia del Acuerdo Final”.

Esta es su fórmula:

1. Diálogo incluyente y de calidad entre todos los sectores políticos: Las ONG destacan el ejercicio que se ha hecho entre el gobierno y la oposición y resaltan “la importancia de continuar con esa metodología de forma permanente, continua y como vehículo de comunicación entre la Mesa de conversaciones y los voceros del NO. Con genuina voluntad política de todos los sectores involucrados, esto permitirá acercar posiciones, generar diálogos reposados, construir confianza y, en últimas, acercarnos al llamado ‘consenso nacional por la paz’”.

2. Medidas jurídicas urgentes en el Congreso: Los expertos piden adelantar pronto Ley de amnistía para los guerrilleros. “Tal medida jurídica comprende los delitos que no constituyan crímenes internacionales ni graves violaciones a los derechos humanos, los cuales deberán ser investigados, juzgados y sancionados. En todo caso, la amnistía tendría que estar condicionada a la finalización del proceso colectivo de dejación de armas y su aplicación procederá luego de que se alcance un nuevo Acuerdo de paz”, sostienen.

3. Seguridad política y jurídica: “Así, en vez de su ingreso indefinido al bloque de constitucionalidad, el Acuerdo Final debería establecer que éste informará las normas que se expidan para su implementación y servirá de criterio de interpretación de aquellas”.

4. Respaldar la Jurisdicción Especial para la Paz: “La JEP debe ser preservada como instancia judicial autónoma, independiente y de cierre, que administre justicia frente a todos los crímenes internacionales cometidos con ocasión del conflicto armado. Admitimos que deben introducirse las precisiones necesarias a la JEP para enfrentar las objeciones razonables a su funcionamiento. El Acuerdo debería fijar un límite temporal y razonable de la JEP... Igualmente, el Acuerdo debería precisar las atribuciones de la JEP frente a cosa juzgada y reforzar las garantías de independencia e imparcialidad de los integrantes de la JEP, así como precisar su forma de articulación con el conjunto de la rama judicial”

5. La JEP y los terceros: “El Acuerdo prevé que la JEP sólo puede vincular a aquellos terceros que hubieran tenido una participación determinante o habitual en los crímenes internacionales más graves y representativos. La mayor parte de los terceros que puedan tener alguna responsabilidad en el conflicto armado no caen en esa situación, con lo cual quedan sujetos a las penas de la justicia ordinaria…”

6. La responsabilidad de mando: “El Acuerdo debería precisar la responsabilidad de los mandos de las FARC-EP y de los agentes estatales por los actos de sus subordinados, con base en los elementos del artículo 28 del Estatuto de Roma. Habría lugar a tal responsabilidad si los mandos (i) tenían comando y control efectivo, o autoridad y control efectivo de los subordinados; (ii) hubieren sabido o, por las circunstancias del momento, hubieren debido saber de la ocurrencia de esos delitos no amnistiables; y (iii) y no hubieren tomado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o prohibir su ocurrencia.

7. La restricción de la libertad: “El Acuerdo debería fijar las condiciones de cumplimiento de la restricción efectiva de la libertad. Esa restricción puede cumplirse en zonas rurales de transición…Así mismo, debe establecerse la administración de tales zonas, la cual podría ser realizada por un órgano internacional como las Naciones Unidas…El Acuerdo también debería precisar que, luego de la finalización del proceso de dejación de armas (día D+181), los excombatientes que hayan dejado las armas deben trasladarse a las zonas rurales de transición para iniciar a descontar el cumplimiento de la sanción de restricción efectiva de la libertad.

8. Participación política: “Uno de los principales objetivos de este proceso de paz es el tránsito de política con armas al ejercicio de la política en un marco de legalidad. Con ese propósito, el Acuerdo permite que líderes de las FARC-EP, que sean responsables de crímenes internacionales, puedan ejercer cargos de elección popular. Pero algunos sectores de la sociedad colombiana rechazan su inmediata elección en órganos de representación política. Teniendo en cuenta estas dos premisas, que debe haber un tránsito de las armas a la política, pero que para algunos no puede ser inmediato, la solución está entonces en que los derechos de participación política de los excombatientes de las FARC-EP que sean condenados por delitos no amnistiables vayan siendo recuperados progresivamente, en la medida en que se verifique el cumplimiento efectivo de las sanciones correspondientes…”

9. El problema de las drogas: “Habría que precisar de manera explícita el compromiso de las FARC-EP de esclarecimiento de la verdad y no repetición”.

10. Tratamiento penal del narcotráfico: “La base de estas negociaciones es el reconocimiento de las FARC-EP como actor político. Además, ninguna norma constitucional o internacional prohíbe amnistiar el narcotráfico. Pero dada la gravedad de ese delito para la sociedad colombiana en este caso, el Acuerdo debería explicitar que el tratamiento penal especial sería otorgado a condición de que el involucramiento en el narcotráfico no haya buscado un provecho personal y haya colaboración efectiva en términos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, y entrega de información y de bienes para reparar materialmente a las víctimas.

11. Entrega de bienes: “En términos generales, el Acuerdo debería explicitar el compromiso de las FARCEP de poner a disposición de la sociedad colombiana todos los bienes derivados de la denominada “economía de guerra”, en especial, para que éstos contribuyan a la reparación de las víctimas”.

12. No persecución a pequeños cultivadores: “El Acuerdo debería mantener la renuncia condicionada a la acción penal para pequeños cultivadores. Esa disposición es consecuente con el enfoque general de derechos humanos y salud pública que se adopta para la solución del problema de drogas ilícitas, sin perjuicio de las decisiones de política pública que fueren adoptadas en esta materia”

13. Reforma rural para proteger a los campesinos: “El asunto agrario es uno de los factores que dio lugar y ha contribuido a la permanencia del conflicto armado interno. Tal protección del campesinado no se opone a la economía de mercado ni a la inversión de capital en el sector rural. En esta materia, el Acuerdo es consecuente con la Constitución y el ordenamiento colombiano. Por eso, el Acuerdo podría precisar que protege la propiedad privada, con las limitaciones y restricciones propias de su función social y ecológica, fijadas en la Constitución…”

14. La extinción de dominio: “El Acuerdo debería precisar que los procesos de extinción de dominio, por violación de la función social y ecológica de la propiedad, proceden en los términos consagrados en la Constitución y en las leyes vigentes o aquellas que sean democráticamente debatidas en el futuro por el Congreso”.

15. Fondo Nacional de Tierras: “El Acuerdo debería fijar de manera explícita que la competencia para adjudicar terrenos del Fondo de Tierras radica en el Gobierno Nacional, con base en unos criterios técnicos y en la participación de las comunidades”.

16. Zonas de Reserva Campesina: “El Acuerdo debería explicitar que uno de los criterios para la constitución de Zonas de Reserva Campesina es que los terrenos solicitados no se traslapen con títulos colectivos. Igualmente, se podría precisar que se priorizarán las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina en terrenos que estén libres de cultivos ilícitos. Las solicitudes sobre terrenos que no cumplan esa condición deberían ser intervenidas por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.

17. Participación ciudadana y ejercicio de la oposición: “La sostenibilidad de la paz dependerá de que los ciudadanos nos organicemos políticamente, participemos en el diseño del proceso y seamos veedores de su implementación. El Acuerdo podría aclarar que, en los espacios de participación, deberá invitarse también a otros actores relevantes, como gremios y empresarios. Además, el Acuerdo podría precisar que tales espacios de participación, en todo caso, ni reemplazan ni constituyen consulta previa, la cual está regulada en la Constitución y en las demás normas del actual ordenamiento colombiano; y tampoco reemplazan a las autoridades locales.