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viernes, 4 de diciembre de 2015

EL DOCUMENTO QUE HUNDIÓ A LUIS BEDOYA


El documento arranca con un lacónico Estados Unidos de Norteamérica contra Luis Bedoya. Es la acusación que presentó la Corte del Distrito Este de Nueva York contra Luis Herberto Bedoya Giraldo, el risaraldense que surgió hasta ser el mandamás del fútbol colombiano. Elindicment (escrito de acusación) de 23 páginas describe paso a paso los ilícitos que cometió Bedoya mientras estuvo en el poder de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
El nombre de Luis Bedoya aparece por primera vez en el punto 22 del escrito. Es presentado como presidente de la FCF, vicepresidente de la Conmebol y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Estos cargos le conferían una responsabilidad esencial al interior del organismo que controla el fútbol en el mundo: las finanzas. El documento indica que Bedoya participó en varios comités organizadores de eventos de la FIFA realizados alrededor del mundo.
En el punto 29, el documento de acusación señala que “Luis Bedoya, junto con otros, conspiraron entre sí para utilizar sus posiciones dentro de la Conmebol y la FIFA para participar en esquemas de solicitud, oferta, aceptación, pago y recepción de pagos no revelados e ilegales”. La acusación señala que “el acusado” y sus cómplices “corrompieron la empresa mediante la participación en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y lavado de dinero, en la búsqueda del beneficio personal y comercial”.
El ente acusador señala que Bedoya hizo parte de un entramado de corrupción que se valía de “diferentes esquemas” para mover el dinero que recibían por cuenta de sobornos y comisiones entregados por las empresas que comercializaban los derechos de comercialización y televisación de los eventos deportivos que organizaba la Conmebol como la Copa América y la Copa Libertadores. De acuerdo con la acusación, Bedoya y demás dirigentes se valían de “servicios de consultoría, testaferros y cuentas bancarias en diferentes partes del mundo para mover los dineros que recibían de los sobornos”.
La historia
La acusación señala que los sobornos comenzaron en el 2007: “El acusado y sus co-conspiradores y la recibieron pagos no revelados e ilegales, sobornos y comisiones ilegales en relación con la venta de los medios de comunicación y de comercialización de los derechos de los torneos de fútbol”.
Añade: “El acusado utilizó el sistema de los Estados Unidos para llevar a cabo los esquemas”. En este punto 31, el ente acusador no se atreve a dar una cifra exacta de cuántos millones de dólares recibió Bedoya por cuenta de los sobornos.
Dentro de sus investigaciones, los fiscales norteamericanos determinaron que Datisa, una empresa de propiedad de Torneos y Competencias, Traffic y Full Play, pagó los 100 millones de dólares para sobornar en 2013 a los directivos de la Conmebol.
Al entonces presidente del ente, el uruguayo Eugenio Figueredo, junto al fallecido Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a José María Marín, de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB), les habría tocado 17 millones de dólares a cada uno. Y a los demás presidentes entre los que estaría Bedoya, 7,5 millones de dólares.
La devolución
Luis Bedoya tendrá que entregarle a la justicia estadounidense todos los fondos que tenía en una cuenta bancaria en Suiza, más exactamente en el Bank of Swiss. Por ahora, no se conoce el monto que el exdirigente colombiano tenía en esta cuenta secreta.
Vale recordar que en Suiza mantienen el “acuerdo de confidencialidad” de sus clientes para no revelar detalles de sus movimientos. De hecho, esta legislación fue muy aprovechada por los dirigentes de la Conmebol para mover el dinero que recibían de las coimas.
Por su parte, Sergio Jadue, ex vicepresidente de la Conmebol y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, también aceptó cargos por asociación ilícita y conspiración para cometer fraude. Devolverá todos los fondos que tenía en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
© Archivo particular Luis Bedoya tendrá que entregarle a la justicia estadounidense todos los fondos que tenía en una cuenta bancaria en Suiza.
Además, Alejandro Burzaco, de Argentina, ex director de Torneos y Competencias, empresa argentina de mercadeo deportivo. Aceptó cargos también por asociación ilícita para delinquir, conspiración para cometer fraudes y conspiración para lavar dinero. Devolverá más de 21 millones de dólares.
La también colombiana Zorana Danis, cofundadora y propietaria de International Soccer Marketing Inc., empresa de mercadeo deportivo, aceptó cargos por conspiración para cometer fraude y presentar falsas declaraciones de impuestos. Devolverá dos millones de dólares.
¿Cárcel?
Ahora, lo que falta por definir es si Luis Bedoya tendrá que purgar una condena en los Estados Unidos por los ilícitos que cometió. La legislación de ese país establece penas hasta de 20 años por los delitos que aceptó. Sin embargo, por haber aceptado dos cargos las penas se pueden reducir a ocho años.
En las últimas horas se conoció que el chileno Sergio Jadue pagó una fianza para evitar ser recluido en un centro carcelario de Nueva York, lo que haría suponer que Bedoya tomará el mismo camino. No obstante, todo está en manos de la fiscal Loretta Lynch, que anunció que las investigaciones continúan y los implicados siguen bajo la lupa.


Articulo de la revista SEMANA

martes, 24 de marzo de 2015

TODO SE DERRUMBO EN LA CORTE, Maria Jimena Duzan

Todo se derrumbó

El viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional, la guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes.

A las ratas se las puede perseguir, pero cuando estas se ven acorraladas, muerden. Eso  le pasó al magistrado Jorge Pretelt el viernes pasado, cuando se sintió con el agua al cuello al ver que además de la investigación por tráfico de influencias en la comisión de absoluciones iba también a ser investigado en la Fiscalía por el delito de desplazamiento forzado.  Como un animal acorralado, decidió pasar al ataque y dar una entrevista en la W, en la que destapó como nunca antes ningún magistrado lo había hecho la podredumbre que desde hace rato anida en las cortes. Su sed de venganza no dejó títere con cabeza: acabó con el poco prestigio que le quedaba a la Corte Constitucional y dejó tendido en la lona al fiscal general, Eduardo Montealegre.

El espectáculo no pudo ser más repugnante, indigno hasta para las ratas de alcantarilla: ahí estaba ante los micrófonos un magistrado que había llegado a ese puesto no por méritos sino por ser parte de esa camarilla -el nombre con que el exmagistrado Hernando Yepes ha bautizado a esa mafia que desde hace años se ha tomado por asalto a la Justicia colombiana-.Pese a que no tenía autoridad moral para denunciar a nadie, señaló sin que le temblara la voz a sus colegas de sala. Les recordó que los hechos por los cuales ellos lo habían denunciado eran conductas que ellos también practicaban.  Además de recordarles que ellos también se reunían con abogados lobistas como Pacheco, les dijo que todos tenían hipotecadas sus almas a quienes les habían nombrado a sus familiares en la Procuraduría y sobre todo en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Y  por si fuera poco, remató diciéndoles que se habían confabulado para elegirle a su magistrada, la doctora  Gloria Ortiz.

Los magistrados de la corte, por respeto a su investidura, deberían responder esos señalamientos de Pretelt y no salir a arroparse con la manta de una falsa solidaridad de cuerpo que parece que solo existe para tapar conductas impropias, muchas de las cuales podrían llegar a ser ilegales.  El magistrado Luis Ernesto Vargas debería contarle al país por qué  esperó tres meses para entregar el audio que le grabó al abogado Pacheco y contarnos por qué no hizo la denuncia ante la Fiscalía como era su deber.  Al no hacerla, deja abierta la puerta para que se especule sobre si la razón que lo movió a grabar a Pacheco fue la de poner en evidencia a un magistrado corrupto o si su interés era menos altruista.

Tal vez la acusación más grave es la de que se trata de una corte de bolsillo que le rinde cuentas al fiscal Montealegre, a quien señala de haber fabricado su escándalo.  Que la corte sea acusada de estar arrollada por intereses políticos,  habla muy mal de quienes están encargados de velar por la Constitución y las leyes. Si eso es cierto, la corte entera debería renunciar.

Y en cuanto al fiscal Montealegre, son muchas las preguntas. A pesar de que el magistrado Pretelt no me merece el más mínimo respeto, su ira le hizo hacer varios señalamientos que tendría que aclarar ante la opinión pública:  ¿ por qué sacó a relucir diez años después unos audios en donde queda muy mal parado Pretelt? ¿Por qué los mantuvo engavetados hasta que estalló el escándalo de Fidupretrol?  ¿Cómo así que le pidió la renuncia a la fiscal regional de Córdoba porque solo supo hace unos días que Pretelt había intervenido en su nombramiento? ¿Acaso es que los nombramientos de las fiscales regionales no pasan por su escritorio? ¿No era acaso frecuente que usted lo recibiera en su apartamento como él mismo se lo recordó? Si es cierto que Pretelt y su esposa tenían una investigación en la Fiscalía por desplazamiento forzoso desde hace 14 años, ¿por qué  la mantuvieron engavetada tanto tiempo?

Los magistrados de las altas cortes no pueden llegar sino por méritos y no aupados por ninguna camarilla. Y deben llegar a ese puesto cuando estén por encima del bien y del mal para que no salgan después, como Manuel José Cepeda, a ser contratistas del gobierno y conjueces de la Corte Constitucional o contratistas afortunadísimos como Escobar Gil quien de no ser por el escándalo de Fidupetrol seguiría manteniendo el contrato de 5.000 millones de pesos con la ANI. La Justicia no se puede usar como plataforma para volverse millonario, mucho menos en un país donde los índices de impunidad siguen siendo alarmantes.

Sin exagerar, el viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional,  la guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes. Lo paradójico es que ese atentado contra nuestra democracia no fue cometido por terroristas ni narcotraficantes, sino por abogados sin escrúpulos que llegaron como Jorge Pretelt a la Corte Constitucional a engordar sus bolsillos y a torcerle el pescuezo a la ley. Cuando los magistrados se comportan como ratas de alcantarilla a este país se lo llevó el que sabemos.