sábado, 20 de abril de 2019

EL CALVARIO DE DUQUE



Nada más apropiado para un Viernes Santo que intentar revivir el calvario, con su doloroso recorrido, pero actualizado y aplicado a Iván Duque. En una licencia poética hice una revoltura entre el viacrucis y las últimas palabras de Cristo para revivir lo que ha sido hasta ahora el gobierno del presidente.
Empezó como todo Domingo de Ramos con la entrada gloriosa a la casa de Nariño, en una posesión ambientada por un ventarrón que auguraba la llegada de negros nubarrones. Ese 7 de agosto del 2018, la sombrilla, que protegía la primera cabeza de la nación, casi sale volando y las palabras de Ernesto Macías reabrieron heridas, desoyendo el clamor presidencial por la unión.
Martha Lucía Ramírez, se lava las manos: Frente a esa desastrosa presentación de Centro Democrático en la posesión, la vicepresidenta corrió a deslindarse asegurando que una cosa es el gobierno y otra el partido de gobierno.
Duque cae por primera vez: Poco duró esa celebración de Ramos, pues con la llegada del ministro de Hacienda, contagiado por los bonos de agua y por la reforma tributaria, el presidente cayó en las encuestas. Fue tan duro el resbalón que hubo de retirar la propuesta de clavarnos el IVA a la canasta familiar.
Azotes de Cambio Radical: Durante todo el calvario que le ha tocado al presidente Duque ha recibió azotes de diversas manos. Tal vez los más dolorosos han sido los de Vargas Lleras, quien no sólo demandó la Ley de Financiamiento, sino que ha formado tolda aparte y pretende arrebatarle a la Bancada del Oficialismo los cargos directivos del Congreso.

Duque cae por segunda vez: Su popularidad no consigue levantar cabeza, especialmente por el tropezón con el paro estudiantil. Como un penitente con la cruz del gobierno a cuestas, las encuestas revelan que es incomprendido aún por su propio partido. Entonces los asesores le encuentran un generoso y también necesitado cirineo, Juan Guaidó. Este famélico venezolano requiere tanta ayuda como nuestro presidente, así que a ambos les sirvió juntarse temporalmente para aliviar la carga.
Duque cae por tercera vez:  Después de una corta recuperación de la popularidad otro escollo se atraviesa en el camino, la minga del Cauca. Un largo mes de sufrimiento prolonga el Calvario hasta que se firma un acuerdo que permite desbloquear la carretera Panamericana.
Traición de Judas: Para impedir un alivio total de esta caída, aparece Uribe a darle latigazos durísimos con su Twitter envenenado de rabia contra los indígenas. El Centro Democrático le da la espalda a Duque frente a la minga y lo dejan solo con la corona de espinas que le pone el Fiscal General para que nuestro presidente tenga miedo por su seguridad. Nadie lo vigila, sino cinco mil indígenas “infiltrados de terrorismo”

Subida al Gólgota: Todas esas caídas en el viacrucis son apenas pequeños escollos frente a la cuesta empinada que significa la votación de las objeciones a la JEP. Derrota, tras derrota, nuevamente Duque queda solo frente a la Cámara de Representantes a donde no llega ni el malévolo Néstor Humberto a defender la posición de Duque.
Tengo Sed: No es sólo el fiscal general el que tiene sed de poder, sino los partidos que en algún momento podrían haber aliviado la Pasión presidencial. Cambio Radical, Liberalismo y la U se disputan esa esponja amarga que estaba destinada a los labios del crucificado. Todos se quedan secos de poder y el presidente reseco de aliados.

Perdónalos porque no saben lo que hacen: Esta puede ser una de las últimas palabras del viacrucis presidencial. Sus ministros lo confunden con Uribe y no dan la talla para aliviar la carga, tanto que ya se pide la cabeza de varios. Frente a tanto sufrimiento a Duque no le queda más que mirar hacia el Eterno y decir suplicante: Uribe, Uribe, no me abandones, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Faltaría ver si entre Duque y Álvaro Uribe logran el milagrito de la resurrección.
Publicado en las 2 orillas por
www.margaritalondono.com

viernes, 12 de abril de 2019

“MI NOMBRE ES ANDRÉS Y SI ESTÁS LEYENDO ESTO ES PORQUE ME HABRÉ SUICIDADO”




Yahoo Noticias  M. J. Arias,Yahoo Noticias. Ayer

El lunes 1 de abril Andrés no pudo soportar más la situación de acoso que vivía en el instituto, al que hace casi una semana que no acudía por esa misma razón, y decidió acabar con todo lanzándose desde el sexto piso del edificio en el que vivía junto a su familia en el distrito de Usera, en Madrid. Antes de su suicidio escribió una carta que está en poder de la Policía y que ha sido reproducida por El Mundo.

En ella, Andrés, de 16 años, relata cuál fue el calvario que vivió en los últimos meses y cómo llegó un momento en el que sitió que no podía hablar con nadie, que nadie podía ayudarle y tomo la decisión de acabar con su vida. Aunque según algunos compañeros, informa El Mundo, la tutora sí había sido informada de lo que estaba pasando, desde el Instituto Ciudad de Jaén, en el vecino barrio de Orcasitas, aseguran que no tenían conocimiento y que por eso no se había activado el protocolo establecido para los casos de acoso. El martes 26 de marzo fue el último día que acudió al centro. El lunes siguiente, moría.

“Mi nombre es Andrés y si estás leyendo esto es porque me habré suicidado”, comienza una carta escrita antes de saltar y con la decisión ya tomada. A lo largo de varias páginas explica la situación por la que tuvo que atravesar y cómo está se fue volviendo cada vez más insoportable. “El caso es que todo empezó bien hasta febrero de 2019, cuando caí en picado. Tenía que aguantar seis horas en las que poco a poco empezaba a tener más miedo y así fue mi último mes de vida. Sabía que estaba solo, que nadie me ayudaría”, cuenta.

En el instituto había alguien que le hacía la vida imposible pegándole, insultándole y quitándole cosas. A él se dirige directamente en su carta lanzándole varias preguntas. “¿Creíste que tus palabras no me hacen daño? ¿Que tus bromas alguna vez me gustaron? ¿Que me cogieras mis cosas y no me las devolvieras me hacía gracia? Y yo digo, ¿qué hice para merecer eso? No lo entiendo. Todo el rato fui un chico que no molestó a nadie”, se cuestiona.

Habla también de cómo se sentía, de cómo le daban ganas de llorar en el instituto, pero lograba contenerse. Llegó un momento en el que empezó a plantearse si tendría que seguir siempre así. Alejado de sus amigos de Coruña, desde donde la familia se mudó a principios de curso, y sin poder hablar con su novia, a la que según su carta su padre había prohibido comunicarse con él, no veía salida a su situación.

“No vi futuro. Solo vi un oscuro agujero negro y ya no me enfocaba en mis estudios por culpa de él (del acosador), porque me sentía perdido y de hecho ese día lo decidí. Estaba harto de tragar (…) Pasara lo que pasara mi vida es un infierno. Cuando me insultaba y me iba a pelear con él, no sé, no sentía miedo y temor. Me di cuenta de que no tenía fuerzas para seguir en esta vida, así que después de meditar me di cuenta de que había una sola salida para mí. Una que pensé que nunca tomaría: el suicidio”.

Y al final fue lo que hizo. Además del relato de su dolor dedicó unas palabras para sus padres, a los que pidió perdón por lo que haría después. “Madre, padre, os quiero mucho. Perdonadme por el dolor que os provocaré. Adiós familia, adiós amigos, a todo ser que me caía bien os extrañaré, pero tengo que hacerlo, ya no quiero vivir más la vida, la odio”.

Su relato acaba diciendo que solo quiere “descansar en paz”, pidiendo que devuelvan sus libros a la biblioteca que a él se le olvidó y con un “ahora sí. Adiós familia. Adiós amigos y sobre todo, adiós a ti, boba”.
Tomado de la red

lunes, 1 de abril de 2019

LAS IMPLICACIONES LEGALES DE LA DENUNCIA DE GERMÁN VARGAS LLERAS




Tomado de Revista Semana 
Después de la denuncia del jefe de Cambio Radical sobre la supuesta mermelada del gobierno: ¿Los senadores Díaz Granados y Arturo Char correrán la misma suerte de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño? Uribe se pronunció sobre la polémica.
“Juego limpio” se tituló la columna que publicó el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Como ya es habitual en las páginas editoriales de domingo en El Tiempo, el excandidato presidencial dedicó su espacio para tocar un tema de interés nacional. Sin embargo, esta vez el texto resultó ser un poderoso torpedo en forma de denuncia contra el gobierno de Iván Duque: “La opinión pública debe saber que desde la Presidencia de la República, siguiendo órdenes que espero no sean del Presidente sino de algún lambón con iniciativa, los señores Luis Lorduy y Andrés Betancur, que despachan desde la Casa de Nariño y se presentan como consejeros políticos, han llamado sin descanso a senadores y representantes de Cambio Radical, y seguramente de otros partidos, a convenir qué grado de participación aspiran tener en el Gobierno”, dice el texto.

La Procuraduría tendrá que abrir una investigación disciplinaria en la que se implique a todos los mencionados.

La publicación causó revuelo de inmediato en los círculos políticos. Vargas Lleras, en su propósito de evitar nuevas rebeliones dentro de su partido, no dudó en irse lanza en ristre contra los dos congresistas de su colectividad que desacataron la directriz de la bancada. En particular Vargas denunció al senador Luis Eduardo Díaz Granados. Según el jefe del partido, este senador, mediante conversación telefónica el jueves a media noche aseguró que el viernes estaría en Valledupar donde toda la bancada se reuniría para analizar las acciones a tomar en conjunto.

En la llamada Díaz Granados nada dijo –asegura Vargas– sobre sus argumentos posteriores para revelarse quedándose en Bogotá y yendo a votar a favor del Plan Nacional de Desarrollo. El voto de Díaz Granados, así como el del también senador Arturo Char resultaron determinantes para salvar el proyecto del inminente hundimiento.  “Ni una palabra me dijo sobre la salvación de Electricaribe, ni una mención sobre los beneficios del plan para su región. Su compromiso con el partido y con la decisión mayoritaria de la bancada era inquebrantable”, señaló Vargas en su columna.
En el texto el jefe del partido dice: “Participación (en el gobierno) que, en el caso de quienes en Cambio Radical asistieron presurosos a la sesión del viernes pasado a votar el plan, se ha concretado ya, a modo de cuota inicial, con la designación de Karen Cecilia Abudinen como alta consejera presidencial para las Regiones y, más recientemente, de la nueva directora del Fonade, la institución tristemente recordada como un nido de corrupción y que tiene a su cargo parte de la contratación del Estado. A esta llegó Elia Abuchaibe, anterior secretaria de Planeación en la Alcaldía de Barranquilla”.

Luego de la votación el senador Díaz Granados, desde su cuenta en Twitter, explicó su voltereta en estos términos: “Le dimos prioridad a los intereses de la región, al deber ser y sobre esa base, en asocio con los congresistas Mauricio Gómez, del Partido Liberal y el compañero de Cambio Radical, Arturo Char, los representes a la cámara Modesto Aguilera y José Luis Pinedo. Hemos hecho la tarea”.

Pero esos argumentos de Díaz Granados palidecen luego de la denuncia de su propio jefe político, Vargas Lleras. El exvicepresidente fue más lejos y plantó otro elemento en su columna de denuncia. Vargas se pregunta: “¿Qué poderosa razón lo hizo cambiar de opinión en la madrugada del viernes? ¿Qué pasó entre esa hora y el momento de su entrada triunfal al recinto del Congreso el  viernes? Qué pena me dio verlo, agobiado como está por la investigación que contra él cursa en la Corte Suprema de Justicia por la ‘operación quirófano’, en la que ya fue capturado el director médico de la EPS Cajacopi, Javier Peña. Detrás de su nerviosa sonrisa se debía de ocultar algo muy grave y también quizás algo muy atractivo, como lo es la prometida Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil. Zanahoria y garrote”.

 Las implicaciones legales de la denuncia de Germán Vargas Lleras© Semana Las implicaciones legales de la denuncia de Germán Vargas Lleras
Falta mucha agua por correr para anticipar que la misma suerte correrán los senadores Díaz Granados y Char, o los funcionarios del gobierno señalados en la columna.

La columna ha tenido impacto en lo político. El senador Armando Benedetti del partido de la U aseguró que Vargas le estaba “cantando la tabla al gobierno con nombres y pruebas” y que, en su partido, en relación a supuestos ofrecimientos del Ejecutivo, “está pasando igual y hace rato”. Por su parte, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo –un no propiamente un amigo político de Vargas– divulgó en las redes la columna con el mensaje “Artículo de Germán Vargas Lleras que los colombianos deben conocer y que la casa de Nariño debe responder”
Pero el revuelo de la columna trascenderá lo político. Es de bulto que la Procuraduría tendrá que abrir una investigación disciplinaria en la que se implique a todos los mencionados –incluyendo al senador Díaz Granados y a su jefe político y denunciante–, y además no es descartable que el asunto alcance lo penal. Los magistrados que instruyen la investigación de la ‘operación quirófano’ seguramente también querrán oír lo que Vargas pueda aportar a ese expediente, y el caso tomará una relevancia tal que no tenía hasta antes de la columna dominical.

Por todo ello ya saltó a la palestra una pregunta de tinte político pero cuya respuesta podría alcanzar el terreno de lo legal: ¿Los senadores Díaz Granados y Arturo Char correrán la misma suerte de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño? Como se recuerda, estos últimos fueron condenados luego de un proceso penal en el que la justicia encontró que había votado en el Congreso a cambio de prebendas burocráticas.  Medina –protagonista de la “Yidispolítica”– era Representante a la Cámara y había anunciado que votaría en contra de la reforma constitucional que abriría paso a una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el último momento la congresista dio la voltereta y junto a su colega Avendaño aportaron los votos definitivos para salvar el proyecto. Tiempo después, ambos fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia por haber recibido a cambio de sus votos, notarías y cargos regionales.

Falta mucho agua por correr para anticipar que la misma suerte correrán los senadores Díaz Granados y Char, o los funcionarios del gobierno señalados en la columna. Pero de probarse las conductas denunciadas “se estaría frente al delito de cohecho por dar u ofrecer con relación a los miembros del Gobierno que supuestamente están ofreciendo; y cohecho impropio respecto de los congresistas”, asegura el abogado penalista Marlon Díaz.

El que Díaz Granados y Char tengan como contraparte y denunciante nada menos que a su jefe político Germán Vargas no hace nada halagüeña su posición de arranque. Al cierre de este informe no se conocía reacciones de los senadores de Cambio Radical a pesar que Vargas desgranó a lo largo del día su columna en media docena de trinos con los que mantuvo el tema activo en redes durante todo el domingo.

El propio Álvaro Uribe, coprotagonista de la Yidispolítica, salió a enfrentar a Vargas. A través de un trino el senador y expresidente aseguró –sin citar la comentada columna– que “El presidente Duque no presiona a los congresistas con mermelada, tampoco los amenaza con la Fiscalía ni abusa del nombre del fiscal, prácticas del anterior gobierno todavía no sepultadas”.

Por su parte una de las personas señaladas por Vargas, la Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, también salió a rechazar los dardos. La funcionaria puso un trino acompañado de una foto de hace dos décadas en la que aparece con Iván Duque y el siguiente mensaje: “Para los que se preguntan desde hace cuándo conozco al Presidente Iván Duque, es desde hace 18 años. La vida me dio la oportunidad de interactuar con él en diferentes momentos y hoy ser parte de su equipo”.

Así las cosas, el debate apenas comienza y aunque este podría tener ribetes legales, para que se llegue a ese escenario falta algo no menor: que Vargas Lleras logró probar las delicadas afirmaciones que expuso en su columna


martes, 26 de febrero de 2019

EL PASADO GUERRILLERO DE EVERTH BUSTAMANTE



EL PASADO GUERRILLERO DE EVERTH BUSTAMANTE QUE PUEDE TORPEDEARLE SU CARGO EN WASHINGTON
Lideró un grupo radical dentro del M-19 vinculado al secuestro y asesinato del norteamericano Bitterman, del que marcó distancia, pero no sabe el dossier que le tiene EE. UU.
Por: Julián Gabriel Parra-De Moya      | Febrero 24, 2019
 El pasado guerrillero de Everth Bustamante que puede torpedearle su cargo en Washington
El 7 de agosto de 1982, mientras Belisario Betancur en su posesión presidencial llamaba a ondear la bandera de paz para avanzar hacia el “progreso y la equidad”, en las selvas del Putumayo el comandante Jaime Bateman Cayón daba inicio a la VIII Conferencia del M-19 con un mensaje: la vida guerrillera no podía ser un camino de toda la vida. Entonces Everth Bustamante estaba a la cabeza de las relaciones de la organización en el exterior, con 77 representaciones del Eme en el mundo.

Everth Bustamante fue un liberal en su juventud que apoyó a Carlos Lleras Restrepo en 1966, el último presidente del Frente Nacional. Se matriculó en derecho en el Externado con profesores como Carlos Medellín y  Alfonso Reyes Echandía, quienes dos décadas después terminarían inmolados como magistrados de la Corte Suprema en la toma del Palacio de Justicia. Las clases le resultaron útiles y se midió en la organización de los sindicatos de su natal Zipaquirá. En el 68 fue nombrado notificador y entró de lleno a la política aspirando al Concejo, pero en solo dos años, arrastrado por la efervescencia de las movilizaciones de los 70, rompió con el partido liberal para abrazar la bandera de la ANAPO, en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla, que se enfrentó al conservador Misael Pastrana. Con el fraude electoral denunciado por los Anapistas nació el Movimiento 19 de abril.

Allí estuvo Everth Bustamante, quien se la jugó con los votos y logró llegar al concejo y permanecer dos períodos, mientras Jaime Bateman maduraba su  decisión definitiva: tomar las armas. Bustamante acompañó al Eme desde sus inicios y en especial a su amigo Bateman. Sin embargo, en 1978 marcó diferencias con la organización y conformó la Coordinadora Nacional de Base, con la que fue conocido como Comandante #1 y cuyas posiciones recogió en el documento “Aportes para la discusión”, con estructura político-militar propia y de línea más socialista que la de Bateman.



De discurso pausado pero radical, Everth Bustamante buscó mayor fuerza e independencia con pequeñas operaciones en nombre de la coordinadora, aunque nunca quiso desvincularse del completamente del M-19. Sin embargo, sí actuó con tal autonomía que rebasó la paciencia del comandante Jaime Bateman cuando adelantó la Operación Derechos del Pueblo. El 15 de agosto de 1980 se dio el secuestró del congresista Simón Bossa López, quien era el ponente de la Ley de amnistía propuesta por el presidente Turbay para facilitar la desmovilización guerrillera. Bustamante tenía en mente hacerle al gobierno a través de Bossa una contrapropuesta, iniciativa que irritó a Bateman quien lo desautorizó públicamente, pero lo llamó a dialogar en privado.

Es más, dos meses después quiso discutir sus posturas con El Comando Superior de la organización. En octubre de ese año convocó a una reunión en un balneario entre Tocaima y Agua de Dios. Buscaba también reorganizar la cúpula porque dos dirigentes claves, Carlos Toledo Plata y Carlos Pizarro, estaban detenidos en La Picota. Pero el encuentro lo saboteó el ejercito con la Operación Potosí: Bateman y un pequeño grupo escapó río arriba mientras que los demás, entre ellos Antonio Navarro Wolff y su gente, que llegaban desde el Valle del Cauca, fueron capturados por los militares. El Eme quedaba aún más golpeado.
El 19 de enero de 1981 secuestraron cerca de Marandúa, en el Vichada, al norteamericano Chester Allen Bitterman, perteneciente al cuestionado Instituto Lingüístico de Verano, una organización evangélica sin ánimo de lucro que buscaba llevar la biblia a las comunidades indígenas del país. La acción, reivindicada por la Coordinadora Nacional de Base y difundida por todos los principales periódicos en el país, tomó por sorpresa a Bateman y al Comando Superior, que rechazó el secuestro y negó cualquier responsabilidad. Bateman solo concebía secuestros dirigidos a miembros de la oligarquía y no a predicadores, sin consideración de su religión, que no estaban involucrados en el conflicto.
Para completar, casi dos meses después, la Coordinadora Nacional de Base le ponía fecha a la ejecución de Bitterman. El 7 de marzo, horas después de una extensa rueda de prensa vía telefónica con dos integrantes de la coordinadora que se identificaron como Chucho y Genaro, el misionero norteamericano era asesinado en la madrugada dentro de una buseta en Bogotá.
Everth Bustamante ha insistido en no tener vinculación alguna con el secuestro y mucho menos con la ejecución del norteamericano. Incluso el 15 de febrero de 1981, un mes antes del crimen, negó cualquier responsabilidad suya en una rueda de prensa con los periodistas Gustavo Castro Caicedo de El Tiempo, Jorge Matiz de Caracol Radio, y José María Romero de Colombia Press. El 12 de marzo en El Tiempo apareció publicado un comunicado firmado por Bustamante en el que condenó y señaló el acto de “terrorista, vil y salvaje”.

En julio de 1982 se puso en contacto con los padres de Bitterman para hacerles llegar un documento “con pruebas contundentes” sobre su inocencia, como insistió en un comunicado enviado a Semana en 2016 tras una publicación de la revista. Con este dramático episodio la Coordinadora Nacional de Base M-19 desapareció, así como Everth Bustamante quien habría pedido asilo, primero en México, pero terminó viajando a Europa e instalándose en Francia. Bateman no quiso volver a hablar del tema y entre los militantes del Eme guardaron silencio y pasaron la página.

Desde el exterior, Bustamante se hizo cargo de las relaciones internacionales y solo regresó a Colombia en 1989, pocos meses antes de la firma del acuerdo de paz entre el comandante Carlos Pizarro y el gobierno de Virgilio Barco. El 9 de marzo de 1990 el M-19 dejaba las armas en Santodomingo, Cauca. Everth Bustamante y Álvaro Uribe Vélez, a quien se acercó luego de dejar las armas con el M-19.

Con la dejación de armas retomó su carrera política y fue uno de los nueve senadores que la Alianza Democrática M-19 logró elegir en su primera prueba en  las urnas. Su paso por el Congreso lo acercó al senador liberal Álvaro Uribe, con quien compartió curul en la Comisión Séptima. Su fracaso electoral de 1994 cuando intentó reelegirse en el Congreso lo alejó definitivamente de sus antiguos compañeros del Eme pero lo llevaron al redil de Álvaro Uribe Vélez.

En 2001 volvió a su tierra para hacerse elegir alcalde de Zipaquirá, en donde terminó siendo uno de los mayores promotores de la Seguridad Democrática de Uribe. Everth había dado el salto político y ahora se ubicaba del otro lado del espectro, lo que lo llevó a ser asesor del presidente durante un año hasta que en el 2006 Uribe lo nombró director de Coldeportes, cargo que mantuvo hasta el final del gobierno.

Más de 20 años después, Everth regresó al Congreso, pero dentro de las listas del Centro Democrático que fueron lideradas por el expresidente Uribe, que logró jalar 19 nombres, entre ellos el del hoy presidente Iván Duque, con quien Bustamante forjó una muy buena relación. Durante cuatro años se convirtió en uno de los fieles escuderos de Uribe y un duro crítico del proceso de paz con las FARC.

Sin embargo, en su intento por reelegirse en 2018 se hundió, pero ahora el presidente Duque le lanzó un salvavidas: su nombre fue presentado oficialmente para ocupar la representación de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Las críticas no se han hecho esperar, pero el verdadero obstáculo lo podría encontrar  por su comandancia de la Coordinadora Nacional de Base y el secuestro y asesinato de un ciudadano norteamericano, del que se ha querido desmarcar siempre. Y aunque en efecto no haya estado vinculado, no se sabe aún cómo aparece Everth Bustamante en el dossier del Departamento de Estado. Lo cierto es que nunca ha pisado tierra norteamericana.

lunes, 18 de febrero de 2019

AHORA MULTAN A CIUDADANA POR COMER CHONTADURO




¡Ahora el chontaduro! nueva sanción por venta ilegal en Armenia
Una ciudadana debe pagar 32 salarios mínimos legales.
Otra multa por compra ilegal se registró en el país, esta vez el caso se presentó en Armenia, donde una mujer fue multada con $835.000 por comprar chontaduro en un puesto ambulante.
Según  la Secretaria de Gobierno y la Policía Nacional, la sanción se realizó, porque el puesto no contaba con los permisos requeridos para la venta, como lo manifiesta el Código Nacional de Policía.
“En diciembre fui muy clara diciendo que, antes de comprarle a un vendedor en la calle deben de pedirle la licencia que los acredite para ejercer la actividad” manifestó Gloria Cecilia García García, quien es la secretaría de Gobierno de Armenia
Este caso se une al de la "empanada" donde un joven en Bogotá fue multado por comparar en un puesto sin permiso el 11 de febrero de este año.
Lea también: Promueven “marcha para que legalicen las empanadas”


EL DELITO DE COMER EMPANADAS EN LA CALLE



EL DELITO DE COMER EMPANADAS EN LA CALLE
El episodio registrado en Bogotá en el que Stiven Claros denunció que un policía le impuso un comparendo de más de 883.000 pesos por comprar una empanada en la calle se convirtió en una de las noticias más comentadas de la semana.
El caso motivó innumerables críticas en las redes sociales, donde muchos ciudadanos expresaron su rechazo al hecho de que una persona pudiera recibir semejante sanción –superior a un salario mínimo– por un hecho tan simple y cotidiano como comer en la calle.

miércoles, 13 de febrero de 2019

LA VERDADERA Y TRISTE HISTORIA DE LUCHO EL EMBOLADOR



Por: Las2orillas   | febrero 12, 2019
Tuvo la gloria llegando al Concejo de Bogotá. Ahora vende empanadas en el norte de Bogotá y resucita en la televisión de la mano de Enrique Carriazo

Luis Eduardo Díaz era el popular Lucho embolador de la Plaza de Bolívar cuando decidió lanzarse al concejo de Bogotá y ni él mismo se la creyó: ganó. Por fuera quedaron pesadas rivales como Luz María Zapata, la esposa de Germán Vargas Lleras y Lucho se posesionó como un flamante concejal en enero del 2000.

La fama lo acompañó también en el anuncio de su matrimonio con su compañera de siempre Gloria Hernández ese mismo año. Las llamadas cayeron como una catarata a su celular. Políticos como Horacio Serpa se ofrecían para ser el padrino. Al final se inclinó por el periodista Yamid Amat, quien estaba en la cima. Arturo Calle le regaló el traje de bodas. La iglesia del 20 de julio se llenó con invitados y reporteros detrás de una imagen de Lucho en su camino hacia el altar.
Diecinueve años después el celular de Lucho ha dejado de sonar. Volvió al comienzo, al barrio Diana Turbay de Bogotá. Con su caja de dientes nueva igual sigue sonriendo.

Logró reelegirse para el senado en octubre del 2003, pero la gloria le duró poco: un juez le revolcó su pasado y terminó destituido recién posesionado a comienzos del 2004.  Lucho había sido condenado en 1984 por robarle un farol a un carro. No importó que lo hubiera hecho acosado por la necesidad. Su hija menor estaba entre la vida y la muerte con quemaduras graves sufridas en su propia casa del Turbay. Apareció el delito quince años después al que se le unió otra condena en 1989. La Procuraduría procedió a actuar y lo inhabilitaran por 13 años. El castillo de sueños se había derrumbado.

La llegada al consejo tuvo mucho que ver, precisamente con su pasado de humillación y dificultades. Vivían casi hacinados en una casa en el barrio Diana Turbay, que dejaba cada mañana para trasladarse al centro de Bogotá, a los alrededores de la Plaza de Bolívar, donde con su sonrisa desdentada, seducía a los abogados a quienes les embolaba sus zapatos. Un golpe de suerte le abrió el horizonte. El abogado Cesar Rosas, profesor de derecho público, tuvo la extravagante idea de lanzarlo al consejo. La figura de Lucho recordaba vagamente a Heriberto de la Calle, el embolador que Jaime Garzón. Era un homenaje que quería hacerle al personaje con el que los televidentes se burlaban del poder y sin que Lucho lo supiera, le hizo firmar el aval como candidato al Concejo de Bogotá. No tuvo un solo peso para hacer la campaña. En el tarjetón ni siquiera apareció su foto: en la Registraduría no le permitieron la entrada para el registro fotográfico. Llegó con su overol, su sonrisa de dientes, su piel manchada. Lo trataron como a un borrachín. Junto a sus hijos y Gloria entregaban los volantes que fotocopiaban casi que artesanalmente y en los que invirtieron no más de ochenta mil pesos. Nunca pensó que ganaría.

Estaba en su casa del Diana Turbay entretenido en una película de Vicente Fernández en el atardecer del domingo 29 de octubre de 1999 cuando reventó la noticia. El asesor del abogado Rosas fue el emisario: “Ya eres concejal” le dijo. Había obtenido 18.500 votos. El edil de la localidad le envió inmediatamente unos mariachis y en el Diana Turbay se encendió la fiesta.

Con su primer sueldo entendió que la vida le había cambiado. Con los primeros $ 9 millones llevó a su familia de compras: antójense que yo pago. Y siguió el estallido mediático. La revista Soho quería desnudarlo; él mismo decidió trasladarse al barrio 20 de julio a una casa más grande. Compró carro y terminó el programa reconocidos como Yo José Gabriel. Sin embargo, empezaron a salir los lunares de un pasado complicado. Apareció la afición a la bebida y su escasa preparación para el rol público al que estaba sometido. Se ocupó de dos sencillos proyectos: la reglamentación de la vasectomía, y el uso de piercing y tatuajes.

Con la destitución después de su reelección en el 2002 sucumbió en el despeñadero.  Trece años en el ostracismo hasta que le dio por dejarse tentar nuevamente por los votos, pero se hundió en su aspiración al Congreso en el 2014. Regresó a la calle con un puesto de empanadas en el norte de Bogotá, en la concurrida 85 con carrera 11. Del hueco lo pondrá a volar Enrique Carriazo, el mejor actor de Colombia que regresa a la televisión encarnando a Lucho, el embolador.

martes, 15 de enero de 2019

¿QUÉ HA PASADO CON LOS 26 DETENIDOS POR EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ?




La libertad de Guido Nule prendió las alarmas sobre decisiones amañadas por parte de jueces que han dejado en libertad a 21 de los que 26 detenidos por corrupción
Por: Las2orillas   | Enero 10, 2019
La corrupción de la Alcaldía de Bogotá que se calcula le generó al distrito pérdidas por $ 60 mil millones y se conoció como el Carrusel de la contratación significó un sismo en el segundo cargo más importante del país. El Alcalde Samuel Moreno fue destituido y capturado, así como su hermano el senador Iván Moreno y entre las decenas de personas involucradas con la máquina de corrupción 26 terminaron condenados. De estas solo siete continúan en prisión: el exalcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván, el exsecretario de salud Héctor Zambrano, el abogado Álvaro Dávila, los contratistas Julio Gómez y Manuel Nule, los concejales Andrés Cardona y Orlando Parada y el abogado Manuel Sánchez. Liliana Pardo, la exdirectora del IDU se encuentra fugitiva.
Los demás condenados por los jueces, 21 en total, están libres por vencimiento de términos, cumplimiento de penas o por circunstancias especiales contempladas en el código penal como ser madres o padres cabeza de hogar. La Fiscalía abrió investigación a los funcionarios judiciales que le dieron a la libertad a Guido Nule, quien fue condenado a 19 años de cárcel.
Contratistas
Guido Nule, condenado a 19 años de cárcel, logró una rebaja de 7 años por su colaboración con la justicia a la que se le sumaron otros cinco años que certificó con estudios y trabajo en La Picota. Los últimos años los pasó en su domicilio en Barranquilla a donde fue trasladado por razones de salud.
Miguel Nule, condenado a 19 años de cárcel. Contratista. Hijo del exgobernador liberal de Sucre. Desde el 2016 obtuvo el beneficio de casa por cárcel por padecer de múltiples enfermedades que no podían ser tratadas en la cárcel.
Mauricio Galofre, primo y socio de Guido Nule. Condenado a 13 años de cárcel. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió libertad condicional por haber cumplido las 3/5) partes de la pena que cumplió en la cárcel el Bosque de Barranquilla. La libertad de Galofre es sin restricciones para moverse por todo el país.
Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías señalado del desfalco de la Calle 26. Permaneció solamente ocho meses en la cárcel y el 3 de agosto del 2018 un juez de Paloquemao ordenó su libertad. Su caso está en etapa de juicio.
Emilio Tapia, condenado a 17 años de cárcel. El pasado 28 de diciembre el juzgado primero de Ejecución de penas de Barranquilla le concedió el beneficio de casa por cárcel. Tan solo pagó 7 años de cárcel.
Federico Gaviria, Condenado en febrero a 33 meses señalado de haber destinado comisiones del 9% de un millonario contrato de ambulancias que suscribió con el Secretario de Salud Distrital Héctor Zambrano y sobre el cual recibieron coimas Emilio Tapia e Hipólito Moreno. Está detenido desde el 17 de julio por el caso de Odebrecht.
Paola Solarte. Socia del Grupo Solarte. Condenada a 6 años por el contrato con el Acueducto de Bogotá para la construcción del túnel Tunjuelo- Canoas. Paga prisión domiciliaria por ser madre de dos menos de edad

Funcionarios del distrito

Miguel Ángel Morales Russi, excontralor de Bogotá. Condenado a 6 años de cárcel en el 2011. Después de apelar tres veces la decisión un juez de Bogotá, en marzo del 2016, obtuvo su libertad. declaró que no era un peligro para la sociedad. Fue puesto en libertad
Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá, condenado el 28 de agosto del 2014 fue condenado a cinco años y cinco meses de cárcel. El propio Rojas Birry reconoció haber recibido más de 500 millones para no ejercer sus funciones como personero y hacerse el de la vista gorda durante el carrusel de la contratación. Ya está en libertad.
Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del IDU. Fue el primer condenado por el carrusel de la contratación condenado. Pagó 4 de los 7 años de la condena, rebaja que obtuvo por su colaboración con la justicia.
Juan Eduardo Montenegro, exsubdirector de infraestructura del IDU.  Condenado a 6 años de cárcel, logró el beneficio de casa por cárcel por su condición de padre cabeza de hogar.  para obtener la casa por cárcel.
Iván Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, condenado a dos años de cárcel, que pagó. Sirvió de enlace de los concejales Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada para repartir las coimas.
Juan Eugenio Varela, segundo al mando de la Secretaría de Salud durante la administración de Héctor Zambrano, fue condenado y capturado en el 2014 pero en el 2017 fue dejado libre por vencimiento de términos.
Orlando Fajardo permaneció un año en la cárcel acusado de manipulación del contrato Tunjuelo-Canoas para favorecer a Odebrecht y Solarte, pero obtuvo su libertad por vencimiento de términos.  El juicio continúa.

Gobernador de Cundinamarca
Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca, condenado a seis años de cárcel. Pagó dos años y desde diciembre están en prisión domiciliaria.

Concejales de Bogotá y políticos

Hipólito Moreno, condenado a 7 años de cárcel de los cuales pasó 2 en La Picota. Se le autorizó la prisión disciplinaria aduciendo enfermedad grave.
Andrés Camacho Casado, condenado a cinco años largos de cárcel, pagó un poco más de dos años.  Salió con libertad condicional y logró un permiso especial para visitar a su hijo en el exterior y se quedó a vivir en los Estados Unidos.
José Juan Rodríguez permaneció un año en la cárcel pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Sigue el juicio en libertad.
Wilson Duarte estuvo preso un año pero logró su libertad por  vencimiento de términos. El juicio continúa sin que haya sido aún condenado.
Jorge Ernesto Salamanca, condenado a cuatro años de cárcel, logró un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. No ha pagado un día de cárcel.
Germán Olano, el exrepresentante a la Cámara por Bogotá fue condenado a 8 años de cárcel. Pagó tres años de cárcel porque un juez de ejecución de penas de Bogotá le dio casa por cárcel.
Tomado de LAS 2 ORILLAS

jueves, 3 de enero de 2019

LOS HISTORIADORES ESPERAN QUE EL PRESIDENTE DUQUE CORRIJA SU ERROR




El 2019 es el año en el que el país celebrará el bicentenario de la independencia de Colombia. Eso lo recordó el presidente de la República, Iván Duque, en su cita en Cartagena con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El primer mandatario aseguró que “hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial, por lo que recibir hoy su visita (en referencia a Pompeo) nos llena de alegría y de honor”.
La Presidencia publicó ese trino en el perfil del primer mandatario y desde ese instante la afirmación comenzó levantar una oleada de críticas. Semana Educación habló con el historiador Arnovy Fajardo, profesor de la Universidad Externado de Colombia. El docente aseguró que es imposible que personajes como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y George Washington apoyaran un proceso de independencia de Colombia, cuando muchos ya habían muerto y otros estaban retirados de la vida pública por su avanzada edad.
SEMANA: ¿Es cierto o no que los próceres de la independencia de Estados Unidos apoyaron la independencia de Colombia?
Arnovy Fajardo: No es cierto. El error del discurso del presidente Iván Duque está en afirmar que los personajes que crearon Estados Unidos hacia 1783 participaron en nuestra independencia, que ocurrió casi 30 años después. Los hombres del siglo XVIII como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y George Washington, no tenían manera de participar en algo que ocurrió varias décadas después con personajes como Bolívar, Nariño, Santander, Miranda, entre otros. Sin embargo, lo que sí hubo fue influencias ideológicas por parte de algunos pensadores y próceres norteamericanos, aunque no las únicas, porque otros países también los influenciaron.
SEMANA: ¿Cuáles fueron esas ideas que influenciaron a los próceres de la independencia de Colombia?
A.F.: En el caso de los líderes de la independencia de Estados Unidos, la principal idea que atrajo a muchos los próceres colombianos fue crear un país federal bajo un modelo republicano. Históricamente se conocía que la única federación que había funcionado en la antigüedad era Roma. Pero, al conocer que Estados Unidos se conformó como un país independiente, bajo un gobierno republicano y bajo un modelo de federación de los territorios fue muy atractivo aquí, porque si lo habían logrado en un país grande como ese, en Colombia podría ser viable.
SEMANA: Si Estados Unidos no apoyó el proceso de independencia de Colombia ¿Qué países sí lo hicieron?
A.F.: Personajes como Miranda y Nariño pensaron en Inglaterra, un país del que esperaban una declaración de guerra abierta contra España. Pero nunca lograron obtener ese apoyo de manera oficial, porque en esta época Inglaterra estaba aliada con España para luchar contra Napoléon. Sin embargo, se conocen casos de soldados irlandeses e ingleses que llegaron a los Llanos de Venezuela para apoyar el proceso de independencia. También se buscó apoyo comercial de Inglaterra que se dio de manera no oficial. Francia también jugó un papel muy importante. Por ejemplo, en 1822, por vía de Francisco Antonio Zea salió una guia de Colombia en la cual se describe al país y se cuenta cómo fue el proceso de independencia. De esa forma no solo buscaron reconocimiento diplomático, sino también de establecer nexos comerciales e incluso atraer migración europea. Y se conoce que también se obtuvo un importante apoyo de Haití, apoyo que estaba relacionado con la abolición de la esclavitud.
SEMANA: ¿Qué significa para usted como historiador la afirmación del presidente Duque?
A.F.: Lo que refleja el error del presidente son las deficiencias de la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro país. Todo, porque hace más de 20 años se decidió conjugar la enseñanza de la Historia con materias como Geografía y Valores cívicos. Lo cual ha causado que los docentes tengan poco tiempo para enseñar de manera concienzuda tanto la historia como la geografía del país. Eso lleva a que los jóvenes se queden con cierta información superficial. Es una lástima, porque hay buenos profesores que tienen una actitud crítica y que hacen bien su trabajo, pero a veces los planes curriculares diseñados no responden a estos discursos críticos.
"Lo que refleja el error del presidente son las deficiencias de la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro país".
SEMANA: Hasta el momento el mandatario no ha eliminado esta afirmación de su cuenta de Twitter y tampoco se ha pronunciado sobre el tema…
A.F.: Los historiadores esperamos que el presidente salga a desmentir esa afirmación porque pierde credibilidad como mandatario. Además, se ve muy mal que celebremos el bicentenario de la Batalla de Boyacá y de la independencia de Colombia sin reconocer tremendo error histórico. Es imperdonable que el presidente no sea capaz de asumir que cometió un error y que no lo corrija.
REVISTA SEMANA

sábado, 15 de diciembre de 2018

LA MALA HORA DEL GRUPO AVAL





La semana pasada puede haber sido una de las más difíciles en la vida de Luis Carlos Sarmiento. En menos de siete días su organización recibió tres golpes: la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nombramiento del fiscal ad hoc y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El martes se conoció formalmente una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el proyecto Ruta del Sol II. Tres días después, en Bogotá, la Corte Suprema de Justicia escogió a Leonardo Espinosa Quintero como fiscal ad hoc.Y el jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –en fallo de primera instancia– impuso una severa sanción a los socios de la concesionaria Ruta del Sol, incluida la empresa Episol, filial del Grupo Aval. Estos hechos, aunque independientes entre sí, tienen un elemento en común: establecer si el Grupo Aval tuvo algún conocimiento o participación en las actividades ilegales de Odebrecht, socia mayoritaria en ese negocio.

De estos tres expedientes el menos peligroso es el del fiscal ad hoc. Esa figura fue creada en forma improvisada para solucionar los evidentes conflictos de interés que tiene el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Pero a pesar de la idoneidad del recién nombrado, Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un limitado margen de acción.
Por un lado, de las 17 líneas de investigación de corrupción de Odebrecht, solo recibirá dos. Estas son relativamente inocuas, pues se limitan a los casos en que el fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido: uno relacionado con las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody y otro sobre la negociación de los exdirectivos de Odebrecht. El de las exministras no va para ningún lado, pues ya está archivado. Y el de los brasileños puede ser grave o no, según lo que estos estén dispuestos a confesar. Entre las responsabilidades del fiscal ad hoc no han quedado hasta ahora expedientes claves como los del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade y el del fallecido controller Jorge Enrique Pizano.

En realidad los otros dos casos van a acaparar la atención de ahora en adelante. El de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay una diferencia de enfoque sustancial entre una y otra. La de Estados Unidos tiene por objeto establecer si hay pruebas de que el Grupo Aval tuvo conocimiento, encubrió o participó en los sobornos de Odebrecht. La segunda, la del Tribunal de Cundinamarca, parte de la base de que ya hay una responsabilidad probada por lo menos de que conocían los sobornos, e impone sanciones drásticas.

La justicia norteamericana tiene un foco más restringido que el fiscal ad hoc, pero más dientes. Como el Grupo Aval está en la Bolsa de Nueva York desde septiembre de 2014, las autoridades de ese país tienen la facultad de investigarlo. Al Tío Sam no le interesan Otto Bula ni el Ñoño Elías. Busca establecer si un grupo empresarial que cotiza en Wall Street ha incurrido en alguna actividad irregular.

Determinar la realidad sobre los sobornos de Odebrecht no ha sido fácil. Los brasileños han revelado en su mayoría apenas una parte de la historia. Al parecer Odebrecht es leal con sus socios y por eso en sus primeras declaraciones los directivos de la multinacional se limitaron a reconocer los giros hechos a Colombia desde el extranjero. Esos eran supuestamente los 11,1 millones de dólares que corresponderían a los 6,5 del exviceministro Gabriel García por la adjudicación de la Ruta del Sol II y a los 4,6 de Bula para obtener la adición del tramo Ocaña-Gamarra.

Pero como en este escándalo ha habido tantas mentiras ni siquiera eso resultó verdad. El propio Otto Bula testificó que él no había recibido 4,6 millones de dólares, sino 40.000 millones de pesos, que con el dólar a 2.000 serían 20 millones de dólares. A diferencia del exviceministro, quien se embolsilló toda la plata, Bula asegura que repartió la mayor parte. En términos generales se calcula que los sobornos totales de Odebrecht no son ni los 11 confesados por los brasileños, ni los 33 revelados por la Fiscalía, sino que podrían llegar al orden de los 50 millones. Estos estarían repartidos por mitad entre tráfico de influencias para ganar contratos y aportes a las campañas políticas para tener amigos en el poder.

Dos compañías controladas por Odebrecht, en las que Sarmiento es socio minoritario, giraron buena parte de esos sobornos: Consorcio Ruta del Sol SAS, la concesionaria, y Consol, la constructora. El Grupo Aval sostiene que esas empresas hicieron esos sobornos sin conocimiento de ellos, y al respecto Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez hizo la siguiente declaración ante las autoridades financieras de Estados Unidos: “Nosotros no teníamos absolutamente ningún conocimiento de las acciones ilegales de nuestro socio, oficialmente solicitamos ser admitidos como víctimas del caso por cuenta de las acciones de Odebrecht”.

Esa declaración se dio después de que la Fiscalía de Colombia le había imputado cargos al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por tener conocimiento de los sobornos. Ese cargo se originó en las declaraciones de Luiz Bueno, exjefe de Odebrecht en Latinoamérica, quien manifestó que había tocado el tema de los pagos ilegales con Melo y que habían acordado un reembolso posterior. Como Corficolombiana es un holding del Grupo Aval, los directivos de este afirman que tienen un buen concepto de él, y que esperan que pueda probar su inocencia. Pero que si llegó a meter la pata, lo hizo a nivel individual y sin conocimiento de sus superiores.

Sin embargo, después de las declaraciones de Sarmiento Junior salieron a flote dos novedades que complicaron la situación. Por una parte, el controvertido contrato de transacción elaborado por Néstor Humberto Martínez como abogado de Sarmiento para recuperar 33.000 millones de pesos que Odebrecht le habría tumbado al banquero. Y, por otra parte, aparecieron las grabaciones del controller, Jorge Enrique Pizano, cuyo contenido y trágico desenlace son ya conocidos. Lo relevante de estas dos revelaciones es que demostrarían que el Grupo Aval y Martínez conocían de actividades irregulares de Odebrecht desde 2015.

Estos desarrollos han llegado a tener resonancia internacional, en parte, por el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade. Como tiene nacionalidad estadounidense echó mano de los recursos que esta le permitía para defenderse de los 11 cargos que le pueden representar más de 15 años de cárcel. No solo se reunió personalmente con las autoridades de ese país, sino que contrató a un lobista y a una firma de abogados para visibilizar su caso ante el Congreso y el gobierno gringos.

La posición de la familia Sarmiento y de los directivos del Grupo Aval acerca de todo este enredo es que no se puede confundir un desfalco con un soborno. En otras palabras, ellos descubrieron que les estaban robando una plata y lo que hicieron fue recuperarla. Para ellos, y para Néstor Humberto Martínez, nada en el contenido de las grabaciones ni en el contrato de transacción permite concluir que sabían de sobornos.

Lo más grave

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no llegó a la misma conclusión la semana pasada en un fallo sobre corrupción en la Ruta del Sol II, que cayó como una bomba en círculos empresariales. Aunque se trata de un veredicto apelable, por ser una decisión judicial resulta definitivamente más grave que todo lo anterior. El fallo resultó de una acción popular instaurada por el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. El jueves ese tribunal dio a conocer la decisión según la cual sancionó por más de 800.000 millones de pesos a un grupo de empresas y personas involucradas en el escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II. Una de estas fue Episol, filial de Corficolombiana y del Grupo Aval.

El fallo del tribunal implica que todos los socios tendrán que responder solidariamente por más de 800.000 millones de pesos.

Episol es uno de los jugadores más importantes del sector de infraestructura en el país. Tiene solo o con socios 9 de los 30 proyectos de Cuarta Generación (4G) que se desarrollan actualmente. Entre estos están Coviandina, encargada de construir el último tercio de la vía al llano; la nueva vía al mar y una de las vías de la prosperidad en el Pacífico, así como la carretera Villavicencio-Yopal. Estos proyectos tienen un valor conjunto de casi 26 billones de pesos.

El fallo sorprendió por su contenido y por sus destinatarios. La decisión implica una de las indemnizaciones más cuantiosas que ha emitido la justicia en una acción popular: 800.000 millones de pesos (260 millones de dólares), que pueden ser cobrados en su totalidad “a cualquiera de ellos”. Es decir que si alguno no tiene la plata los demás tienen que responder. Esa orden tiene serias implicaciones si se tiene en cuenta que Odebrecht no tiene activos en Colombia y que solo le han podido embargar los enseres que tenían en una oficina en arriendo.

La sentencia en otro punto declara responsable por corrupción no solo a la concesionaria de la Ruta del Sol, sino también a sus socios: Odebrecht, el grupo Solarte y Episol, la filial de Corficolombiana. Y los sanciona con inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado.  No solo los socios del consorcio constructor tendrían que pagar la multa de 800.000 millones de pesos, sino también particulares involucarados como el viceministro Gabriel García, José Elías Melo, Otto Bula, y los brasileños Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha. No es claro en el fallo cómo se van a repartir las cargas entre empresas y particulares.

El fallo tiene varios efectos. Adopta medidas cautelares que imponen embargos sobre las cuentas y los dividendos de Episol y las otras compañías involucradas en el caso de corrupción de Ruta del Sol II. Eso hace imposible que ese consorcio pueda pagar las deudas de 1,8 billones de pesos que tiene con los bancos. El 33 por ciento de esta deuda corresponde a Episol. Cuatro de los bancos acreedores pertenecen al Grupo Aval (Banco de Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas) pero también están otros como Davivienda, Bancolombia e Itaú, que tienen una participación cercana al 50 por ciento de esas acreencias.

El Grupo Aval cotiza en la bolsa de Nueva York por eso está en la órbita del departamento de justicia de Estados Unidos.

Además, el fallo inhabilita a Episol por diez años, lo cual afectaría no menos de nueve grandes obras y podría paralizar su ejecución, lo que sin duda sería un golpe para el desarrollo de la infraestructura. Cualquier transición de Episol para solucionar el tema tiene que darse de manera expedita.

Pero el Tribunal, en su medida más drástica le ordena a la ANI la suspensión definitiva del contrato y comenzar a negociar uno nuevo. Eso en la práctica suena poco probable porque el reciente fallo aumentará la incertidumbre que reina sobre los cierres financieros del programa de vías 4G. Estos se han demorado más de la cuenta a la espera de que un tribunal de arbitramento defina la fórmula para liquidar el avance de obra de Ruta del Sol II. La concesionaria, que hoy está en el banquillo, alcanzó a completar el 53 por ciento de la obra y aspira a que la ANI le reconozca cerca de 3 billones de pesos. La ANI considera que ese reembolso debe ser de alrededor de la mitad de las pretensiones del consorcio, y la decisión final está en manos de los tres árbitros del Tribunal.

Efectos a futuro

El problema consiste en que parte de las platas que esperan los socios de Ruta del Sol II estaban destinadas a pagar los 1,8 billones de pesos que les deben a los bancos. Con el fallo del Tribunal el jueves pasado la multa de 800.000 millones de pesos sería descontada por la derecha de la cifra que fije el Tribunal de Arbitramento. Por ejemplo, si este decide que la liquidación por el 53 por ciento del avance de obra es de 2 billones de pesos, al deducirsele 800.000 millones de la multa quedarían solo 1,2 billones para pagarles a los bancos. El futuro de la infraestructura está en vilo por cuenta de esta incertidumbre. Hay 16 cierres financieros de las 4G pendientes de las decisiones del Tribunal de Arbitramento y de qué va a pasar con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la semana pasada.

Además, el fallo ordena dedicar al proyecto los recursos de la fiducia creada para responder por las acreencias y no podrán usarse para responder a los terceros de buena fe que prestaron para construir las obras. Esta medida, que suena muy razonable, aumenta la desconfianza de los bancos y le podría dar un golpe fatal al modelo de alianzas público-privadas, creado justamente para ejecutar obras costosas con el concurso de privados en momentos en que el gobierno no tiene plata. Al dudar sobre la recuperación de su capital, los bancos lo pensarán dos veces antes de entrar en este esquema hacia el futuro.

Ese fallo fue de primera instancia y va para una bronca grande. Episol ha anunciado que lo apelará ante el Consejo de Estado. Esto significa que toda la artillería jurídica del Grupo Aval se enfocará en reversar la decisión en esa segunda instancia.

El Grupo Aval ha sentido más el escándalo de corrupción de la Ruta del Sol II en el comportamiento de las acciones que en los resultados financieros de las empresas que lo integran. En la bolsa, ha bajado fuertemente. En los últimos cinco meses la acción del Grupo Aval ha caído alrededor del 20 por ciento, mientras que la del Banco de Bogotá ha bajado el 17 por ciento y la de Corficolombiana el 35 por ciento. Solo el viernes, un día después de que se conoció el fallo del Tribunal de Cundinamarca que plantea la millonaria indemnización, la acción de Corficolombiana cayó 8,2 por ciento.
Pero no todo el porcentaje de esta caída puede atribuirse al escándalo. Durante este mismo periodo el mercado de valores en general cayó un 12,7 por ciento en cinco meses. Y más de la mitad de ese porcentaje que afectó a todas las empresas obedeció al retiro del fondo internacional Harbor, el cual tenía alrededor de 3 billones de pesos en acciones en Colombia. Sin embargo, es claro que la acción también se ha visto afectada por otros factores como la caída de los puentes Chirajara y La Pala.

A pesar de estos bajonazos, tanto los bancos como Corficolombiana van a tener muy buenos balances al fin de año. En el tercer trimestre del año las utilidades netas de Aval crecieron 78,7 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior, y en el acumulado del año se han incrementado 37,9 por ciento frente a la de los primeros nueve meses de 2017. El Banco de Bogotá ha crecido alrededor del 40 por ciento, Banco de Occidente el 25 por ciento, Banco Popular el 84 por ciento y AV Villas el 30 por ciento.

La inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado, dictada a las firmas concesionarias, sienta un precedente que podría paralizar los proyectos de infraestructura.

Además, se estima que las utilidades de Corficolombiana, el holding de inversiones que no tienen que ver con los bancos, podrían alcanzar al cierre del año alrededor de los 1,5 billones de pesos. Las campañas en las redes sociales que invitan a la gente a retirar sus ahorros del Grupo Aval no han tenido un impacto importante. Según directivos de la entidad, el promedio de retiros ha sido comparable al de los años anteriores. A pesar de esto, Bloomberg registra que la fortuna personal de Luis Carlos Sarmiento ha perdido 2.400 millones de dólares en este año. Eso no significa que el banquero esté en la olla. Según el mismo medio, sigue siendo el hombre más rico de Colombia con una fortuna de 10.100 millones de dólares. Y en cuanto a la caída del precio de sus acciones, el mayor comprador de las mismas en este momento es él, quien considera que están baratas y son un buen negocio.

Sin embargo, las consecuencias para Luis Carlos Sarmiento no son lo más importante que tiene el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del jueves pasado. La decisión tiene implicaciones graves para dos sectores clave de la economía colombiana: la infraestructura y el sector financiero. En cuanto a la infraestructura, queda el interrogante de qué va a pasar si se le decreta la inhabilidad por diez años a Episol y al Grupo Solarte. Estos tienen varios proyectos que están en plena ejecución y que podrían quedar paralizados. Tampoco es claro quién podría reemplazarlos ante la incertidumbre creada.
Pero más allá de todas estas consideraciones económicas, hay otras no tan visibles, pero que sí pueden tener consecuencias muy graves. En este momento Colombia está atravesando un periodo de pesimismo y escepticismo como se ha visto pocas veces en el pasado. Las encuestas demuestran que hoy nadie cree en nada y sienten que el país va por mal camino. Esto es más una percepción que una situación de crisis, pero con el tiempo las percepciones tienden a convertirse en realidades. Todo este cuadro no ayuda a la estabilidad institucional del país, más aún la pone en riesgo.
Tomado de revista SEMANA