martes, 15 de enero de 2019

¿QUÉ HA PASADO CON LOS 26 DETENIDOS POR EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ?




La libertad de Guido Nule prendió las alarmas sobre decisiones amañadas por parte de jueces que han dejado en libertad a 21 de los que 26 detenidos por corrupción
Por: Las2orillas   | Enero 10, 2019
La corrupción de la Alcaldía de Bogotá que se calcula le generó al distrito pérdidas por $ 60 mil millones y se conoció como el Carrusel de la contratación significó un sismo en el segundo cargo más importante del país. El Alcalde Samuel Moreno fue destituido y capturado, así como su hermano el senador Iván Moreno y entre las decenas de personas involucradas con la máquina de corrupción 26 terminaron condenados. De estas solo siete continúan en prisión: el exalcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván, el exsecretario de salud Héctor Zambrano, el abogado Álvaro Dávila, los contratistas Julio Gómez y Manuel Nule, los concejales Andrés Cardona y Orlando Parada y el abogado Manuel Sánchez. Liliana Pardo, la exdirectora del IDU se encuentra fugitiva.
Los demás condenados por los jueces, 21 en total, están libres por vencimiento de términos, cumplimiento de penas o por circunstancias especiales contempladas en el código penal como ser madres o padres cabeza de hogar. La Fiscalía abrió investigación a los funcionarios judiciales que le dieron a la libertad a Guido Nule, quien fue condenado a 19 años de cárcel.
Contratistas
Guido Nule, condenado a 19 años de cárcel, logró una rebaja de 7 años por su colaboración con la justicia a la que se le sumaron otros cinco años que certificó con estudios y trabajo en La Picota. Los últimos años los pasó en su domicilio en Barranquilla a donde fue trasladado por razones de salud.
Miguel Nule, condenado a 19 años de cárcel. Contratista. Hijo del exgobernador liberal de Sucre. Desde el 2016 obtuvo el beneficio de casa por cárcel por padecer de múltiples enfermedades que no podían ser tratadas en la cárcel.
Mauricio Galofre, primo y socio de Guido Nule. Condenado a 13 años de cárcel. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió libertad condicional por haber cumplido las 3/5) partes de la pena que cumplió en la cárcel el Bosque de Barranquilla. La libertad de Galofre es sin restricciones para moverse por todo el país.
Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías señalado del desfalco de la Calle 26. Permaneció solamente ocho meses en la cárcel y el 3 de agosto del 2018 un juez de Paloquemao ordenó su libertad. Su caso está en etapa de juicio.
Emilio Tapia, condenado a 17 años de cárcel. El pasado 28 de diciembre el juzgado primero de Ejecución de penas de Barranquilla le concedió el beneficio de casa por cárcel. Tan solo pagó 7 años de cárcel.
Federico Gaviria, Condenado en febrero a 33 meses señalado de haber destinado comisiones del 9% de un millonario contrato de ambulancias que suscribió con el Secretario de Salud Distrital Héctor Zambrano y sobre el cual recibieron coimas Emilio Tapia e Hipólito Moreno. Está detenido desde el 17 de julio por el caso de Odebrecht.
Paola Solarte. Socia del Grupo Solarte. Condenada a 6 años por el contrato con el Acueducto de Bogotá para la construcción del túnel Tunjuelo- Canoas. Paga prisión domiciliaria por ser madre de dos menos de edad

Funcionarios del distrito

Miguel Ángel Morales Russi, excontralor de Bogotá. Condenado a 6 años de cárcel en el 2011. Después de apelar tres veces la decisión un juez de Bogotá, en marzo del 2016, obtuvo su libertad. declaró que no era un peligro para la sociedad. Fue puesto en libertad
Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá, condenado el 28 de agosto del 2014 fue condenado a cinco años y cinco meses de cárcel. El propio Rojas Birry reconoció haber recibido más de 500 millones para no ejercer sus funciones como personero y hacerse el de la vista gorda durante el carrusel de la contratación. Ya está en libertad.
Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del IDU. Fue el primer condenado por el carrusel de la contratación condenado. Pagó 4 de los 7 años de la condena, rebaja que obtuvo por su colaboración con la justicia.
Juan Eduardo Montenegro, exsubdirector de infraestructura del IDU.  Condenado a 6 años de cárcel, logró el beneficio de casa por cárcel por su condición de padre cabeza de hogar.  para obtener la casa por cárcel.
Iván Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, condenado a dos años de cárcel, que pagó. Sirvió de enlace de los concejales Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada para repartir las coimas.
Juan Eugenio Varela, segundo al mando de la Secretaría de Salud durante la administración de Héctor Zambrano, fue condenado y capturado en el 2014 pero en el 2017 fue dejado libre por vencimiento de términos.
Orlando Fajardo permaneció un año en la cárcel acusado de manipulación del contrato Tunjuelo-Canoas para favorecer a Odebrecht y Solarte, pero obtuvo su libertad por vencimiento de términos.  El juicio continúa.

Gobernador de Cundinamarca
Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca, condenado a seis años de cárcel. Pagó dos años y desde diciembre están en prisión domiciliaria.

Concejales de Bogotá y políticos

Hipólito Moreno, condenado a 7 años de cárcel de los cuales pasó 2 en La Picota. Se le autorizó la prisión disciplinaria aduciendo enfermedad grave.
Andrés Camacho Casado, condenado a cinco años largos de cárcel, pagó un poco más de dos años.  Salió con libertad condicional y logró un permiso especial para visitar a su hijo en el exterior y se quedó a vivir en los Estados Unidos.
José Juan Rodríguez permaneció un año en la cárcel pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Sigue el juicio en libertad.
Wilson Duarte estuvo preso un año pero logró su libertad por  vencimiento de términos. El juicio continúa sin que haya sido aún condenado.
Jorge Ernesto Salamanca, condenado a cuatro años de cárcel, logró un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. No ha pagado un día de cárcel.
Germán Olano, el exrepresentante a la Cámara por Bogotá fue condenado a 8 años de cárcel. Pagó tres años de cárcel porque un juez de ejecución de penas de Bogotá le dio casa por cárcel.
Tomado de LAS 2 ORILLAS

jueves, 3 de enero de 2019

LOS HISTORIADORES ESPERAN QUE EL PRESIDENTE DUQUE CORRIJA SU ERROR




El 2019 es el año en el que el país celebrará el bicentenario de la independencia de Colombia. Eso lo recordó el presidente de la República, Iván Duque, en su cita en Cartagena con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El primer mandatario aseguró que “hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial, por lo que recibir hoy su visita (en referencia a Pompeo) nos llena de alegría y de honor”.
La Presidencia publicó ese trino en el perfil del primer mandatario y desde ese instante la afirmación comenzó levantar una oleada de críticas. Semana Educación habló con el historiador Arnovy Fajardo, profesor de la Universidad Externado de Colombia. El docente aseguró que es imposible que personajes como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y George Washington apoyaran un proceso de independencia de Colombia, cuando muchos ya habían muerto y otros estaban retirados de la vida pública por su avanzada edad.
SEMANA: ¿Es cierto o no que los próceres de la independencia de Estados Unidos apoyaron la independencia de Colombia?
Arnovy Fajardo: No es cierto. El error del discurso del presidente Iván Duque está en afirmar que los personajes que crearon Estados Unidos hacia 1783 participaron en nuestra independencia, que ocurrió casi 30 años después. Los hombres del siglo XVIII como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y George Washington, no tenían manera de participar en algo que ocurrió varias décadas después con personajes como Bolívar, Nariño, Santander, Miranda, entre otros. Sin embargo, lo que sí hubo fue influencias ideológicas por parte de algunos pensadores y próceres norteamericanos, aunque no las únicas, porque otros países también los influenciaron.
SEMANA: ¿Cuáles fueron esas ideas que influenciaron a los próceres de la independencia de Colombia?
A.F.: En el caso de los líderes de la independencia de Estados Unidos, la principal idea que atrajo a muchos los próceres colombianos fue crear un país federal bajo un modelo republicano. Históricamente se conocía que la única federación que había funcionado en la antigüedad era Roma. Pero, al conocer que Estados Unidos se conformó como un país independiente, bajo un gobierno republicano y bajo un modelo de federación de los territorios fue muy atractivo aquí, porque si lo habían logrado en un país grande como ese, en Colombia podría ser viable.
SEMANA: Si Estados Unidos no apoyó el proceso de independencia de Colombia ¿Qué países sí lo hicieron?
A.F.: Personajes como Miranda y Nariño pensaron en Inglaterra, un país del que esperaban una declaración de guerra abierta contra España. Pero nunca lograron obtener ese apoyo de manera oficial, porque en esta época Inglaterra estaba aliada con España para luchar contra Napoléon. Sin embargo, se conocen casos de soldados irlandeses e ingleses que llegaron a los Llanos de Venezuela para apoyar el proceso de independencia. También se buscó apoyo comercial de Inglaterra que se dio de manera no oficial. Francia también jugó un papel muy importante. Por ejemplo, en 1822, por vía de Francisco Antonio Zea salió una guia de Colombia en la cual se describe al país y se cuenta cómo fue el proceso de independencia. De esa forma no solo buscaron reconocimiento diplomático, sino también de establecer nexos comerciales e incluso atraer migración europea. Y se conoce que también se obtuvo un importante apoyo de Haití, apoyo que estaba relacionado con la abolición de la esclavitud.
SEMANA: ¿Qué significa para usted como historiador la afirmación del presidente Duque?
A.F.: Lo que refleja el error del presidente son las deficiencias de la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro país. Todo, porque hace más de 20 años se decidió conjugar la enseñanza de la Historia con materias como Geografía y Valores cívicos. Lo cual ha causado que los docentes tengan poco tiempo para enseñar de manera concienzuda tanto la historia como la geografía del país. Eso lleva a que los jóvenes se queden con cierta información superficial. Es una lástima, porque hay buenos profesores que tienen una actitud crítica y que hacen bien su trabajo, pero a veces los planes curriculares diseñados no responden a estos discursos críticos.
"Lo que refleja el error del presidente son las deficiencias de la enseñanza de las Ciencias Sociales en nuestro país".
SEMANA: Hasta el momento el mandatario no ha eliminado esta afirmación de su cuenta de Twitter y tampoco se ha pronunciado sobre el tema…
A.F.: Los historiadores esperamos que el presidente salga a desmentir esa afirmación porque pierde credibilidad como mandatario. Además, se ve muy mal que celebremos el bicentenario de la Batalla de Boyacá y de la independencia de Colombia sin reconocer tremendo error histórico. Es imperdonable que el presidente no sea capaz de asumir que cometió un error y que no lo corrija.
REVISTA SEMANA

sábado, 15 de diciembre de 2018

LA MALA HORA DEL GRUPO AVAL





La semana pasada puede haber sido una de las más difíciles en la vida de Luis Carlos Sarmiento. En menos de siete días su organización recibió tres golpes: la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nombramiento del fiscal ad hoc y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El martes se conoció formalmente una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el proyecto Ruta del Sol II. Tres días después, en Bogotá, la Corte Suprema de Justicia escogió a Leonardo Espinosa Quintero como fiscal ad hoc.Y el jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –en fallo de primera instancia– impuso una severa sanción a los socios de la concesionaria Ruta del Sol, incluida la empresa Episol, filial del Grupo Aval. Estos hechos, aunque independientes entre sí, tienen un elemento en común: establecer si el Grupo Aval tuvo algún conocimiento o participación en las actividades ilegales de Odebrecht, socia mayoritaria en ese negocio.

De estos tres expedientes el menos peligroso es el del fiscal ad hoc. Esa figura fue creada en forma improvisada para solucionar los evidentes conflictos de interés que tiene el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Pero a pesar de la idoneidad del recién nombrado, Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un limitado margen de acción.
Por un lado, de las 17 líneas de investigación de corrupción de Odebrecht, solo recibirá dos. Estas son relativamente inocuas, pues se limitan a los casos en que el fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido: uno relacionado con las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody y otro sobre la negociación de los exdirectivos de Odebrecht. El de las exministras no va para ningún lado, pues ya está archivado. Y el de los brasileños puede ser grave o no, según lo que estos estén dispuestos a confesar. Entre las responsabilidades del fiscal ad hoc no han quedado hasta ahora expedientes claves como los del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade y el del fallecido controller Jorge Enrique Pizano.

En realidad los otros dos casos van a acaparar la atención de ahora en adelante. El de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay una diferencia de enfoque sustancial entre una y otra. La de Estados Unidos tiene por objeto establecer si hay pruebas de que el Grupo Aval tuvo conocimiento, encubrió o participó en los sobornos de Odebrecht. La segunda, la del Tribunal de Cundinamarca, parte de la base de que ya hay una responsabilidad probada por lo menos de que conocían los sobornos, e impone sanciones drásticas.

La justicia norteamericana tiene un foco más restringido que el fiscal ad hoc, pero más dientes. Como el Grupo Aval está en la Bolsa de Nueva York desde septiembre de 2014, las autoridades de ese país tienen la facultad de investigarlo. Al Tío Sam no le interesan Otto Bula ni el Ñoño Elías. Busca establecer si un grupo empresarial que cotiza en Wall Street ha incurrido en alguna actividad irregular.

Determinar la realidad sobre los sobornos de Odebrecht no ha sido fácil. Los brasileños han revelado en su mayoría apenas una parte de la historia. Al parecer Odebrecht es leal con sus socios y por eso en sus primeras declaraciones los directivos de la multinacional se limitaron a reconocer los giros hechos a Colombia desde el extranjero. Esos eran supuestamente los 11,1 millones de dólares que corresponderían a los 6,5 del exviceministro Gabriel García por la adjudicación de la Ruta del Sol II y a los 4,6 de Bula para obtener la adición del tramo Ocaña-Gamarra.

Pero como en este escándalo ha habido tantas mentiras ni siquiera eso resultó verdad. El propio Otto Bula testificó que él no había recibido 4,6 millones de dólares, sino 40.000 millones de pesos, que con el dólar a 2.000 serían 20 millones de dólares. A diferencia del exviceministro, quien se embolsilló toda la plata, Bula asegura que repartió la mayor parte. En términos generales se calcula que los sobornos totales de Odebrecht no son ni los 11 confesados por los brasileños, ni los 33 revelados por la Fiscalía, sino que podrían llegar al orden de los 50 millones. Estos estarían repartidos por mitad entre tráfico de influencias para ganar contratos y aportes a las campañas políticas para tener amigos en el poder.

Dos compañías controladas por Odebrecht, en las que Sarmiento es socio minoritario, giraron buena parte de esos sobornos: Consorcio Ruta del Sol SAS, la concesionaria, y Consol, la constructora. El Grupo Aval sostiene que esas empresas hicieron esos sobornos sin conocimiento de ellos, y al respecto Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez hizo la siguiente declaración ante las autoridades financieras de Estados Unidos: “Nosotros no teníamos absolutamente ningún conocimiento de las acciones ilegales de nuestro socio, oficialmente solicitamos ser admitidos como víctimas del caso por cuenta de las acciones de Odebrecht”.

Esa declaración se dio después de que la Fiscalía de Colombia le había imputado cargos al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por tener conocimiento de los sobornos. Ese cargo se originó en las declaraciones de Luiz Bueno, exjefe de Odebrecht en Latinoamérica, quien manifestó que había tocado el tema de los pagos ilegales con Melo y que habían acordado un reembolso posterior. Como Corficolombiana es un holding del Grupo Aval, los directivos de este afirman que tienen un buen concepto de él, y que esperan que pueda probar su inocencia. Pero que si llegó a meter la pata, lo hizo a nivel individual y sin conocimiento de sus superiores.

Sin embargo, después de las declaraciones de Sarmiento Junior salieron a flote dos novedades que complicaron la situación. Por una parte, el controvertido contrato de transacción elaborado por Néstor Humberto Martínez como abogado de Sarmiento para recuperar 33.000 millones de pesos que Odebrecht le habría tumbado al banquero. Y, por otra parte, aparecieron las grabaciones del controller, Jorge Enrique Pizano, cuyo contenido y trágico desenlace son ya conocidos. Lo relevante de estas dos revelaciones es que demostrarían que el Grupo Aval y Martínez conocían de actividades irregulares de Odebrecht desde 2015.

Estos desarrollos han llegado a tener resonancia internacional, en parte, por el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade. Como tiene nacionalidad estadounidense echó mano de los recursos que esta le permitía para defenderse de los 11 cargos que le pueden representar más de 15 años de cárcel. No solo se reunió personalmente con las autoridades de ese país, sino que contrató a un lobista y a una firma de abogados para visibilizar su caso ante el Congreso y el gobierno gringos.

La posición de la familia Sarmiento y de los directivos del Grupo Aval acerca de todo este enredo es que no se puede confundir un desfalco con un soborno. En otras palabras, ellos descubrieron que les estaban robando una plata y lo que hicieron fue recuperarla. Para ellos, y para Néstor Humberto Martínez, nada en el contenido de las grabaciones ni en el contrato de transacción permite concluir que sabían de sobornos.

Lo más grave

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no llegó a la misma conclusión la semana pasada en un fallo sobre corrupción en la Ruta del Sol II, que cayó como una bomba en círculos empresariales. Aunque se trata de un veredicto apelable, por ser una decisión judicial resulta definitivamente más grave que todo lo anterior. El fallo resultó de una acción popular instaurada por el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. El jueves ese tribunal dio a conocer la decisión según la cual sancionó por más de 800.000 millones de pesos a un grupo de empresas y personas involucradas en el escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II. Una de estas fue Episol, filial de Corficolombiana y del Grupo Aval.

El fallo del tribunal implica que todos los socios tendrán que responder solidariamente por más de 800.000 millones de pesos.

Episol es uno de los jugadores más importantes del sector de infraestructura en el país. Tiene solo o con socios 9 de los 30 proyectos de Cuarta Generación (4G) que se desarrollan actualmente. Entre estos están Coviandina, encargada de construir el último tercio de la vía al llano; la nueva vía al mar y una de las vías de la prosperidad en el Pacífico, así como la carretera Villavicencio-Yopal. Estos proyectos tienen un valor conjunto de casi 26 billones de pesos.

El fallo sorprendió por su contenido y por sus destinatarios. La decisión implica una de las indemnizaciones más cuantiosas que ha emitido la justicia en una acción popular: 800.000 millones de pesos (260 millones de dólares), que pueden ser cobrados en su totalidad “a cualquiera de ellos”. Es decir que si alguno no tiene la plata los demás tienen que responder. Esa orden tiene serias implicaciones si se tiene en cuenta que Odebrecht no tiene activos en Colombia y que solo le han podido embargar los enseres que tenían en una oficina en arriendo.

La sentencia en otro punto declara responsable por corrupción no solo a la concesionaria de la Ruta del Sol, sino también a sus socios: Odebrecht, el grupo Solarte y Episol, la filial de Corficolombiana. Y los sanciona con inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado.  No solo los socios del consorcio constructor tendrían que pagar la multa de 800.000 millones de pesos, sino también particulares involucarados como el viceministro Gabriel García, José Elías Melo, Otto Bula, y los brasileños Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha. No es claro en el fallo cómo se van a repartir las cargas entre empresas y particulares.

El fallo tiene varios efectos. Adopta medidas cautelares que imponen embargos sobre las cuentas y los dividendos de Episol y las otras compañías involucradas en el caso de corrupción de Ruta del Sol II. Eso hace imposible que ese consorcio pueda pagar las deudas de 1,8 billones de pesos que tiene con los bancos. El 33 por ciento de esta deuda corresponde a Episol. Cuatro de los bancos acreedores pertenecen al Grupo Aval (Banco de Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas) pero también están otros como Davivienda, Bancolombia e Itaú, que tienen una participación cercana al 50 por ciento de esas acreencias.

El Grupo Aval cotiza en la bolsa de Nueva York por eso está en la órbita del departamento de justicia de Estados Unidos.

Además, el fallo inhabilita a Episol por diez años, lo cual afectaría no menos de nueve grandes obras y podría paralizar su ejecución, lo que sin duda sería un golpe para el desarrollo de la infraestructura. Cualquier transición de Episol para solucionar el tema tiene que darse de manera expedita.

Pero el Tribunal, en su medida más drástica le ordena a la ANI la suspensión definitiva del contrato y comenzar a negociar uno nuevo. Eso en la práctica suena poco probable porque el reciente fallo aumentará la incertidumbre que reina sobre los cierres financieros del programa de vías 4G. Estos se han demorado más de la cuenta a la espera de que un tribunal de arbitramento defina la fórmula para liquidar el avance de obra de Ruta del Sol II. La concesionaria, que hoy está en el banquillo, alcanzó a completar el 53 por ciento de la obra y aspira a que la ANI le reconozca cerca de 3 billones de pesos. La ANI considera que ese reembolso debe ser de alrededor de la mitad de las pretensiones del consorcio, y la decisión final está en manos de los tres árbitros del Tribunal.

Efectos a futuro

El problema consiste en que parte de las platas que esperan los socios de Ruta del Sol II estaban destinadas a pagar los 1,8 billones de pesos que les deben a los bancos. Con el fallo del Tribunal el jueves pasado la multa de 800.000 millones de pesos sería descontada por la derecha de la cifra que fije el Tribunal de Arbitramento. Por ejemplo, si este decide que la liquidación por el 53 por ciento del avance de obra es de 2 billones de pesos, al deducirsele 800.000 millones de la multa quedarían solo 1,2 billones para pagarles a los bancos. El futuro de la infraestructura está en vilo por cuenta de esta incertidumbre. Hay 16 cierres financieros de las 4G pendientes de las decisiones del Tribunal de Arbitramento y de qué va a pasar con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la semana pasada.

Además, el fallo ordena dedicar al proyecto los recursos de la fiducia creada para responder por las acreencias y no podrán usarse para responder a los terceros de buena fe que prestaron para construir las obras. Esta medida, que suena muy razonable, aumenta la desconfianza de los bancos y le podría dar un golpe fatal al modelo de alianzas público-privadas, creado justamente para ejecutar obras costosas con el concurso de privados en momentos en que el gobierno no tiene plata. Al dudar sobre la recuperación de su capital, los bancos lo pensarán dos veces antes de entrar en este esquema hacia el futuro.

Ese fallo fue de primera instancia y va para una bronca grande. Episol ha anunciado que lo apelará ante el Consejo de Estado. Esto significa que toda la artillería jurídica del Grupo Aval se enfocará en reversar la decisión en esa segunda instancia.

El Grupo Aval ha sentido más el escándalo de corrupción de la Ruta del Sol II en el comportamiento de las acciones que en los resultados financieros de las empresas que lo integran. En la bolsa, ha bajado fuertemente. En los últimos cinco meses la acción del Grupo Aval ha caído alrededor del 20 por ciento, mientras que la del Banco de Bogotá ha bajado el 17 por ciento y la de Corficolombiana el 35 por ciento. Solo el viernes, un día después de que se conoció el fallo del Tribunal de Cundinamarca que plantea la millonaria indemnización, la acción de Corficolombiana cayó 8,2 por ciento.
Pero no todo el porcentaje de esta caída puede atribuirse al escándalo. Durante este mismo periodo el mercado de valores en general cayó un 12,7 por ciento en cinco meses. Y más de la mitad de ese porcentaje que afectó a todas las empresas obedeció al retiro del fondo internacional Harbor, el cual tenía alrededor de 3 billones de pesos en acciones en Colombia. Sin embargo, es claro que la acción también se ha visto afectada por otros factores como la caída de los puentes Chirajara y La Pala.

A pesar de estos bajonazos, tanto los bancos como Corficolombiana van a tener muy buenos balances al fin de año. En el tercer trimestre del año las utilidades netas de Aval crecieron 78,7 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior, y en el acumulado del año se han incrementado 37,9 por ciento frente a la de los primeros nueve meses de 2017. El Banco de Bogotá ha crecido alrededor del 40 por ciento, Banco de Occidente el 25 por ciento, Banco Popular el 84 por ciento y AV Villas el 30 por ciento.

La inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado, dictada a las firmas concesionarias, sienta un precedente que podría paralizar los proyectos de infraestructura.

Además, se estima que las utilidades de Corficolombiana, el holding de inversiones que no tienen que ver con los bancos, podrían alcanzar al cierre del año alrededor de los 1,5 billones de pesos. Las campañas en las redes sociales que invitan a la gente a retirar sus ahorros del Grupo Aval no han tenido un impacto importante. Según directivos de la entidad, el promedio de retiros ha sido comparable al de los años anteriores. A pesar de esto, Bloomberg registra que la fortuna personal de Luis Carlos Sarmiento ha perdido 2.400 millones de dólares en este año. Eso no significa que el banquero esté en la olla. Según el mismo medio, sigue siendo el hombre más rico de Colombia con una fortuna de 10.100 millones de dólares. Y en cuanto a la caída del precio de sus acciones, el mayor comprador de las mismas en este momento es él, quien considera que están baratas y son un buen negocio.

Sin embargo, las consecuencias para Luis Carlos Sarmiento no son lo más importante que tiene el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del jueves pasado. La decisión tiene implicaciones graves para dos sectores clave de la economía colombiana: la infraestructura y el sector financiero. En cuanto a la infraestructura, queda el interrogante de qué va a pasar si se le decreta la inhabilidad por diez años a Episol y al Grupo Solarte. Estos tienen varios proyectos que están en plena ejecución y que podrían quedar paralizados. Tampoco es claro quién podría reemplazarlos ante la incertidumbre creada.
Pero más allá de todas estas consideraciones económicas, hay otras no tan visibles, pero que sí pueden tener consecuencias muy graves. En este momento Colombia está atravesando un periodo de pesimismo y escepticismo como se ha visto pocas veces en el pasado. Las encuestas demuestran que hoy nadie cree en nada y sienten que el país va por mal camino. Esto es más una percepción que una situación de crisis, pero con el tiempo las percepciones tienden a convertirse en realidades. Todo este cuadro no ayuda a la estabilidad institucional del país, más aún la pone en riesgo.
Tomado de revista SEMANA

viernes, 14 de diciembre de 2018

EL ACUERDO DE LOS ESTUDIANTES CON PRESIDENTE DUQUE



Iván Duque Márquez, presidente de la República.


© Presidencia de la República Iván Duque Márquez, presidente de la República.
El presidente de la República, Iván Duque; la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y los representantes del movimiento estudiantil que organizó las marchas de los últimos dos meses revelaron el acuerdo al que finalmente llegaron este viernes.
Durante los próximos 4 años, las instituciones de educación pública superior recibirán $4,5 billones, distribuidos en: la reciente asignación de $1,5 billones en el presupuesto de Regalías 2019-2020; $1,35 billones del rubro de inversión del Presupuesto General 2019; $300.000 millones de excedentes del sector cooperativo; $1,34 billones destinados a la base y distribuidos en incrementos de presupuesto del IPC+3,5% para 2019, IPC+4% en 2020, IPC+4,5% en 2021 e IPC+4,65% en 2022.
El presidente Duque señaló que desde su llegada al gobierno, “hace 130 días, nuestra prioridad ha sido generar un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Prosperidad Social, la Comunidad Educativa, con el apoyo del Congreso y los gobernadores, por un presupuesto que nos permitiera comenzar a responder a los retos del sector educativo”.
Y agregó que los $1,35 billones de inversión del Presupuesto General 2019 se le entregarán al sector educación mediante el pago de pasivos e inversiones en infraestructura, dotaciones para las sedes de las instituciones, bienestar estudiantil, formación docente y fortalecimiento institucional.
Por otra parte, el Gobierno y los estudiantes acordaron un plan de pagos de pasivos para responder por la deuda de $500.000 millones que tenía el sector para 2018.
Además, señalaron la ministra Angulo y el presidente que el Gobierno y los representantes estudiantiles evaluarán las fuentes de financiación del sector, de modo que se puedan reformar adecuadamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 -referente a la educación en el país-, así como participarán de la reforma a las regalías que el Congreso recibiría en 2019.
El sistema del Icetex también será revisado y modificado “para contextualizarlo con las nuevas realidades sociales y económicas”, señaló el Presidente.
Finalmente, el mandatario anunció que “el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se fortalecerá con recursos adicionales destinados a Colciencias, para la formación del más alto nivel así como la regionalización de proyectos y el impulso de alianzas entre las Instituciones de Educación Superior públicas”.
Revista DINERO

domingo, 25 de noviembre de 2018

LA SORPRESA DE DUQUE QUE LE AGUARÁ LA FIESTA A GOBERNADORES Y ALCALDES



LA SORPRESA DE DUQUE QUE LE AGUARÁ LA FIESTA A GOBERNADORES Y ALCALDES
La vicepresidenta Marta Lucía a Ramírez anunció en el Congreso de infraestructura de Cartagena que el presidente está a punto de tener listo el pliego tipo, un formato de contratación único, y que sería presentado en su intervención de clausura este viernes 23 de noviembre. El presidente de la Cámara de la infraestructura Juan Martín Caicedo acompañado de un grupo de ingenieros y juristas ha insistido en el tema, demostrando que es el camino para cerrarle el paso a la corrupción en la contratación regional.

La ley fue sancionada por Santos en febrero pero dejó dormir en su escritorio la reglamentación, presionado por los gobernadores en cabeza de su aliada política, la gobernadora del Valle, Dilian  Francisca Toro, quienes se han opuesto, igual que la mayoría de alcaldes, a este decisión que terminaría con los famosos contratos sastre -hechos a la medida del contratista amigo identificado previamente- y al que usualmente se le pide Comisión del 20% y más sobre el valor firmado.
Por: Las2orillas   | Noviembre 23, 2018 |

viernes, 16 de noviembre de 2018

ASÍ REGISTRA LA PRENSA INTERNACIONAL LAS MUERTES DE PIZANO Y SU HIJO



La prensa del mundo ha registrado con asombro lo que pasa en este momento en Colombia. Las pruebas sobre el caso Odebrecht que dejó Jorge Enrique Pizano antes de morir. La conversación que sostuvo en 2015 con Néstor Humberto Martínez sobre las irregularidades de los contratos de Odebrecht. La muerte de su hijo Alejandro Pizano por envenenamiento con cianuro y que ponen en duda las razones de la muerte de su propio padre, en momentos en los que se investiga si sufrió un infarto fulminante como en principio se dijo. Todo eso, no sólo han captado la atención de los medios nacionales, sino que tienen a la prensa del mundo pegada de cada suceso.
El diario brasilero Folha de S.Paulo cubrió la noticia pues, como se sabe, el caso Odebrecht logró mover los cimientos más firmes del empresariado y de la política carioca. En una nota titulada “Muertes misteriosas marcan caso de corrupción de Odebrecht en Colombia”, se dice: “Dos decesos en los últimos días escandalizaron a la opinión pública y otra vez arrojaron luz sobre las investigaciones sobre el escándalo Odebrecht en Colombia, donde el contratista brasileño habría pagado sobornos…”. En la nota se habla de Jorge Enrique Pizano como testigo clave para la Fiscalía y se señala como un misterio su muerte y la de su hijo.
Por su parte, Bloomberg reseñó el caso haciendo un largo recuento, el artículo empieza así: “Cuando apareció en la televisión colombiana el lunes por la noche, Jorge Enrique Pizano estaba muerto. Había pregrabado la entrevista, dijo a la cámara, porque como controller que había marcado los pagos sospechosos en un gran proyecto de infraestructura, fue objeto de un complot. Después de que Pizano muriera de lo que se suponía que era un ataque al corazón, su hijo Alejandro Pizano Ponce de León llegó de España. En la casa de la familia en las afueras de Bogotá, donde ocurrió la muerte, Alejandro tomó un sorbo de una botella de agua en el escritorio de su padre, se enfermó violentamente y murió de camino al hospital. La causa: envenenamiento por cianuro”.
Desde el mismo titular, Bloomberg usa la palabra anglosajona “bizarre” para nombrar el caso, palabra que se puede traducir como algo “sumamente extraño”; además enlazan las muertes con el accidente automovilístico que sufrió en Chile la fiscal del caso, Amparo Cerón, y que la dejó en coma para recuperar el conocimiento semanas después.
Bloomberg asegura que Pizano tenía planeado liberar más información del caso después de abandonar Colombia y que, incluso, había planeado tener una reunión con sus periodistas. “El extraño giro de los acontecimientos agrega preguntas a un caso que se ha convertido en un dolor de cabeza prolongado para Grupo Aval, un conglomerado financiero que posee varios de los bancos más grandes de Colombia y está controlado por Luis Carlos Sarmiento, de 85 años, cuyo valor neto estimado de $ 11.1 mil millones lo hace latino La sexta persona más rica de Estados Unidos. Su filial Corficolombiana tenía una participación del 33 por ciento en el proyecto Ruta del Sol II”.
The Washington Post tituló su nota publicada este miércoles como “Nuevos alegatos de que el fiscal colombiano encubrió sobornos” y empieza explicando las repercusiones que tienen las grabaciones que dejó Pizano “desde más allá de la tumba”. El artículo explica la relación de Néstor Humberto Martínez con el grupo aval y como, después de conocer la contratación ilegal que hubo en el caso Odebrecth, terminó nombre como Fiscal General.
En su artículo, el periódico estadounidense recoge: “El sindicato que representa a miles de trabajadores judiciales pidió el martes la renuncia de Martínez, diciendo que su aparente fracaso en denunciar la corrupción que aprendió en su práctica legal socava su credibilidad como el abanderado de las luchas de los colombianos por la justicia”.
El periódico El País de España no dudó en reseñar la noticia: “La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014”.
El caso Odebrecht Colombia, aunque ha tenido más de ochenta capturados, aún parece inconcluso. Las acusaciones que dejó Jorge Enrique Pizano para después de su muerte, arrojan luces sobre un caso que no está cerrado y que ahora tiene los ojos del mundo encima. 
Tomado de revista SEMANA

lunes, 12 de noviembre de 2018

HISTÓRICA Y PREOCUPANTE ALZA DE COMBUSTIBLES



La navidad de los colombianos este año no tiene cara de ser la más amable, la posibilidad de que el 80 por ciento de los productos de la canasta familiar sea gravado con IVA  y el aumento en los precios de la gasolina y el ACPM, a partir de hoy 11 de noviembre, vaticinan una fuerte apretada de cinturón porque una vez aumenta el precio de los combustibles los precios de todo lo demás ascienden vertiginosamente.
Para Bogotá el valor que se fijó es de $9.462 el galón de gasolina, $98 pesos más con respecto al mes de octubre y de $8.916 para el ACPM, con un aumento de $94 frente al mes anterior. El promedio del alza en la gasolina en las 13 principales ciudades del país es de $95 pesos frente al mes pasado y del ACPM el promedio nacional es de $90 pesos. Desde hace tres meses el precio de los combustibles ha subido cada 30 días, los expertos aseguran que es un alza ‘histórica’.
En Villavicencio la gasolina tiene el precio más alto con  $9660 pesos y Pasto la más barata con un valor de $7199. Si se tiene en cuenta que buena parte de la carga se mueve por la vía al llano, las consecuencias se reflejarán en el aumento de precio en todos los productos de consumo.
Los transportadores reunidos en Fedetranscarga ya pusieron el grito en el cielo y señalaron que la medida implica un incremento del valor de los fletes en 35 por ciento en costos de operación y reclamaron por el incremento acumulado en el precio del galón en lo que va corrido del año y ya está por encima de 730 pesos y por eso están pidiendo que se extiendan los períodos de ajuste en la fijación del nuevo precio.
La Federación de transportadores sostiene que en 2018 “se ha generado una descompensación de la carga, debido al déficit de la balanza comercial por el aumento de las importaciones y la disminución de las exportaciones.”
Y si eso les pasa a los grandes del transporte, para el ciudadano de a pie las cosas no son mejores, su desbalance se concentra también en que con los mismos bajos ingresos tienen que costear el alza de la gasolina, el ACPM, los comestibles, vestuario, vivienda, educación, impuestos, transporte y de recreación ni hablar, si acaso salir a un parque, pero eso si sin posibilidad de comprar crispetas o conos de helado para los niños.
Los grandes del transporte están solicitando mesa de diálogo con el gobierno para revisar la fórmula que fija los precios, teniendo en cuenta los costos de producción, mezcla y tasas impositivas y es probable que les digan que sí, que se sentarán con ellos, pero de poco servirá porque  la medida se veía venir y es irreversible.
Aun cuando el precio del crudo bajó y el barril se cotiza en U$70 dólares, el mismo precio de comienzos de año, la gasolina está subiendo, yendo en contravía de lo que fue siempre una constante en el sentido de que cuando el crudo subía, el combustible también,pero las cosas cambiaron.  Es de suponer que el déficit del país es tan grave que nos va a tocar asumirlo a todos los colombianos, y no solo a los de clase media, que está a punto de colapsar ante la perspectiva de que la carga del IVA le haga la vida cada vez más difícil.
La justificación de que no habrá más impuestos para los grandes capitales a fin de que creen más empleos ojalá se cumpla y no se sigan cerrando más empresas con el consecuente aumento del desempleo y no terminen  las familias de clase media las que carguen con toda la carga.

Tomado de KIENYKE

domingo, 4 de noviembre de 2018

LA SEPARACION DE PANAMA FUE UN “SINCERO PESAR”



La separación de Panamá, canal interoceánico de magnificencia comercial y cultural envidiable, representó para Colombia un “Sincero Pesar” que aún reposa en la tercera franja de su escudo junto a dos embarcaciones de vela.
Todo sucedió al cese de la ‘Guerra de los Mil Días’, aquel enfrentamiento que comenzó en 1899 y terminó en 1902, entre el conservadurismo imperante en cabeza del presidente José Manuel Marroquín, y la legión liberal con respaldo de Ecuador y Venezuela,  que quedó en ascuas ante la intervención de Estados Unidos.
Dicha mediación del gigante americano fue estratégica, su procedimiento fue solicitado tras la promesa de entrega del canal por parte del bando conservador, quien imploró a tropas estadounidenses detener las fuerzas liberales triunfantes en Panamá.
El tratado de paz se firmó en el buque ‘Wisconsin’  del general liberal Benjamín Herrera el 24 de octubre de 1902. Sin embrago, el conflicto nacional entre ambos seguidores políticos continuaba, disminuyó paulatinamente pero llevó al cuartel de fusilamiento a quienes no aceptaron sus términos.
¿Qué pasó con el territorio istmeño?
Panamá fue hecha ambición para los gobernantes colombianos quienes la mantenía aislada en el cubrimiento de las necesidades básicas. De ahí que, un territorio geopolíticamente clave se anexó a los intereses imperialistas de una potencia.
“Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.” Gabriel García Márquez.
La creación del canal panameño que divide las costas atlántica y pacífica estaba a cargo de franceses,  pero la apabullante presión americana y el terreno inhóspito encontrado que generó sobrecostos hizo que la concesión fracasara.
El Tratado Herrán -Hay cedía a perpetuidad la zona del Canal, desconocía la inversión realizada, con baja compensación económica y anualidad
Entonces, el secretario de estado yonqui, John Milton y el ministro colombiano Thomas Herrán, firmaron el 
 “Tratado Herrán – Hay” donde se cedió todos los derechos y se otorgaban diez millones de dólares para un siglo de arrendamiento renovable en el canal.

 “Puedo decir lo que muy pocos estadistas: recibí un país y le devolví dos al mundo”. José Manuel Marroquí
Sin embargo, el tratado fue negado en el congreso colombiano ante un posible ofrecimiento mayor. Hecho que resulto fatal porque en conversaciones sigilosas para una revolución planeada por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Nicolás de Obarrio, entre otros, se declaró el 3 de noviembre de 1903 a Panamá, estado independiente y soberano.
Estados Unidos reconoció oficialmente a Panamá estado independiente de Colombia el 19 de noviembre y procedió a negociar en el trato “Hay-Buneau-Varilla” la Zona del Canal.
“Sincero pesar” de EEUU a Colombia por separación
Ante tal situación, Colombia perpleja e indignada, no rompió sus relaciones
bilaterales con la casa blanca, pero tuvo que aceptar el “Sincero Pesar” que promulgaba Estados Unidos en el tratado
La clausula fue polémica en Colombia, aunque se resaltó la importancia en la
relaciones con los “gringos”, se denegó la creación de estaciones de carbón y la militarización en el archipiélago de San Andrés.
El tratado “Urrutia Tompson”se firmó tras moficiación el 6 de abril de 1914, en dicho consenso se eliminó el estatuto de “sincero pesar” y Colombia reconoció a Panamá como región independiente, recibiendo 25 millones de dólares destinados, en gran parte, a la creación del Banco de la República.
Actualmente, la extensión territorial es reconocida por los demás países centroamericanos. Además, la separación, es tildada como el mejor ejemplo de modelos gubernamentales que promueven el intervencionismo y la corrupción.

TOMADO DE KIENYKE