martes, 28 de octubre de 2014

MITOS Y VERDADES DE LOS 68 REPAROS DE URIBE

EL CENTRO DEMOCRÁTICO TIENE ALGUNAS CRÍTICAS VÁLIDAS AL PROCESO DE PAZ PERO INCURRE EN OTRAS EN UN NIVEL DE EXAGERACIÓN Y DESINFORMACIÓN TAL QUE LES HACEN PERDER PESO
© Ilustración: Javier de la Torre - Semana
 EL CENTRO DEMOCRÁTICO TIENE ALGUNAS CRÍTICAS VÁLIDAS AL PROCESO DE PAZ PERO INCURRE EN OTRAS EN UN NIVEL DE EXAGERACIÓN Y DESINFORMACIÓN TAL QUE LES HACEN PERDER PESO
El último pulso entre la Casa de Nariño y el expresidente Uribe se dio por la publicación de un documento del Centro Democrático que se llamó ‘Las 52 capitulaciones de Santos en La Habana’. Como su nombre lo sugiere compila las críticas más fuertes del uribismo a los acuerdos hasta ahora alcanzados por el gobierno y las Farc en Cuba. Si bien el jefe del equipo negociador del Estado, Humberto de la Calle, respondió en detalle los señalamientos de la oposición, los uribistas le sumaron otros 16 puntos, hasta llegar a 68.
Con ese número tan alto es muy probable que todo el mundo haya oído sobre las objeciones pero muy pocos las hayan leído. Como era de esperarse, para los santistas son solo “falacias” y calumnias mientras que para el uribismo constituye una serie de denuncias de hechos gravísimos sobre las cuales había que alertar al país. La verdad está en la mitad, como suele suceder en estas controversias ideológicas.
Calumnias y falsedades definitivamente existen. Una de las protuberantes tiene que ver con la supuesta expropiación de 20 millones de hectáreas para alimentar el Fondo de Tierras que contemplan los acuerdos con la guerrilla. Eso simplemente no es verdad. El gobierno no va a expropiar una sola hectárea adquirida legítimamente. El temor del uribismo es tan exagerado que es muy probable que ni siquiera los propios uribistas crean esa denuncia.
Hay otras aseveraciones que sin ser calumnias son inexactas. Por ejemplo, contrario a lo que afirman las ‘capitulaciones’ 44 y 45, las Farc sí reconocen su papel en el narcotráfico y su impacto en el conflicto y se comprometen a dejar el negocio. Otra inexactitud bastante descarada está en la capitulación número 35. En esta se alega que Santos les entregó a las Farc el mecanismo de consultas previas lo cual les permitirá aumentar su poder en las zonas bajo su control al vetar lo que no les guste y hacer aprobar lo que quieran. Las palabras ‘consulta previa’ no están en ninguna parte de los documentos revelados. En la número 39 el uribismo asegura que las Farc reciben toda clase de beneficios y no se comprometen a nada. La verdad es que las Farc sí se han comprometido a muchas cosas y la duda sería más bien sobre si las piensan cumplir. En todo caso, en los documentos dicen que van a contribuir a la erradicación de las minas antipersona, que van a renunciar al narcotráfico y que aceptan el resultado del mecanismo de verificación. No creerles esto puede tener validez, pero eso es diferente a decir que no se han comprometido a nada.
Las declaraciones de Humberto de la Calle señalan otras exageraciones del uribismo. El gobierno insiste en que habrá dejación de armas y que es falso que el proceso instaure mecanismos de colectivización de la tierra. En la legislación vigente desde 1994 existen herramientas de extinción de dominio que no se han tocado en los diálogos con la guerrilla. Frente a la acusación de que los acuerdos de paz serían la “más grande operación de lavado de activos de la historia de Colombia”, los uribistas no solo exageran sino que también se adelantan a puntos del uso de bienes de la guerrilla que aún no han sido definidos por la Mesa.
Pero hay otros puntos de las 68 ‘capitulaciones’ que son ciertas y otras que caen en una zona gris donde, por lo menos en teoría, los llamados de alerta de Uribe tienen fundamento y probabilidad de ocurrir. Entre las que son verdad, por ejemplo, está el temor del Centro Democrático sobre el poder que ejercerían las eventualmente desmovilizadas Farc en ciertas regiones del país. Esa prevención no es absurda pues la falta de claridad es total sobre lo que van a ser las reglas del juego, tanto políticas como de ordenamiento territorial, y es seguro que las Farc están pensando en negociar esas condiciones a su favor. No hay claridad dentro de los documentos revelados sobre el número, la naturaleza, el tamaño y la duración de las circunscripciones especiales de paz (#42). Tampoco sobre una futura implementación de Zonas de Reserva Campesina y su escaso impacto en mejorar la vida de los campesinos (#21) o las “zonas priorizadas” para las extinciones de dominio y expropiaciones (#8). Este es el punto donde el gobierno ha hecho concesiones porque el proceso de paz lo requiere y es uno de los verdaderos sapos que habrá que tragarse para ponerle fin al conflicto.
El dedo señalador de Uribe se enfoca también hacia la financiación de las promesas del acuerdo en materia rural: ¿cuál sería el alcance de ese Fondo de Tierras (#17) y cómo se pagará en medio de las dificultades fiscales actuales (#15)? Esas preocupaciones también son válidas. La del Fondo de Tierras por falta de claridad, aunque hay que suponer que el gobierno no va a permitir que se hagan barbaridades en ese frente. Y en cuanto a la financiación es al contrario. Lo que hay es una claridad total de que no hay plata y de que a lo que se comprometió el gobierno es muy ambicioso. El ‘Plan Marshall’ que el presidente está convocando ante la comunidad internacional es un esfuerzo necesario pero de resultados limitados frente a la magnitud del desafío del posconflicto. La economía mundial va para abajo, y fuera de Estados Unidos, los aportes del resto de los países son más contribuciones que no van a cambiar sustancialmente la ecuación económica de la paz. Es claro que más del 90 por ciento del costo de los acuerdos tendrá que salir del bolsillo de los colombianos.
Hay otra serie de objeciones que dependen del hecho de que las negociaciones no han concluido y los puntos verdaderamente espinosos han quedado pendientes. En esta categoría están la reparación a las víctimas y la entrega de tierras usurpadas ilegalmente por las Farc, que el uribismo calcula en 1 millón de hectáreas. Sobre eso se pueden decir dos cosas. En primer lugar que es prematuro hacer esas afirmaciones sobre puntos cuya negociación no ha terminado. Sin embargo, se puede anticipar que ninguna fórmula a que se llegue de reparación de víctimas o de devolución de tierras por parte de la guerrilla va a ser satisfactoria ante la cicatriz de violencia que han dejado. Conceptos como el de reparación tienen que estar en el texto final de una negociación de esta naturaleza, pero convertirlos en realidad es harina de otro costal.
En resumen se podría decir que en esta controversia se están enfrentando los esfuerzos del gobierno de darle credibilidad al proceso con los de la oposición de quitárselo. Lo que acuerden eventualmente el gobierno y las Farc incluirá inevitablemente algunas metas muy difíciles de cumplir, que reflejan más el espíritu de la negociación que la garantía de su realización. El uribismo tiene críticas válidas, pero incurre en un nivel de exageración y de desinfomación tal que le resta peso a su memorial de agravios.
TOMADO DE LA REVISTA SEMANA

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