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martes, 15 de enero de 2019

¿QUÉ HA PASADO CON LOS 26 DETENIDOS POR EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ?




La libertad de Guido Nule prendió las alarmas sobre decisiones amañadas por parte de jueces que han dejado en libertad a 21 de los que 26 detenidos por corrupción
Por: Las2orillas   | Enero 10, 2019
La corrupción de la Alcaldía de Bogotá que se calcula le generó al distrito pérdidas por $ 60 mil millones y se conoció como el Carrusel de la contratación significó un sismo en el segundo cargo más importante del país. El Alcalde Samuel Moreno fue destituido y capturado, así como su hermano el senador Iván Moreno y entre las decenas de personas involucradas con la máquina de corrupción 26 terminaron condenados. De estas solo siete continúan en prisión: el exalcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván, el exsecretario de salud Héctor Zambrano, el abogado Álvaro Dávila, los contratistas Julio Gómez y Manuel Nule, los concejales Andrés Cardona y Orlando Parada y el abogado Manuel Sánchez. Liliana Pardo, la exdirectora del IDU se encuentra fugitiva.
Los demás condenados por los jueces, 21 en total, están libres por vencimiento de términos, cumplimiento de penas o por circunstancias especiales contempladas en el código penal como ser madres o padres cabeza de hogar. La Fiscalía abrió investigación a los funcionarios judiciales que le dieron a la libertad a Guido Nule, quien fue condenado a 19 años de cárcel.
Contratistas
Guido Nule, condenado a 19 años de cárcel, logró una rebaja de 7 años por su colaboración con la justicia a la que se le sumaron otros cinco años que certificó con estudios y trabajo en La Picota. Los últimos años los pasó en su domicilio en Barranquilla a donde fue trasladado por razones de salud.
Miguel Nule, condenado a 19 años de cárcel. Contratista. Hijo del exgobernador liberal de Sucre. Desde el 2016 obtuvo el beneficio de casa por cárcel por padecer de múltiples enfermedades que no podían ser tratadas en la cárcel.
Mauricio Galofre, primo y socio de Guido Nule. Condenado a 13 años de cárcel. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió libertad condicional por haber cumplido las 3/5) partes de la pena que cumplió en la cárcel el Bosque de Barranquilla. La libertad de Galofre es sin restricciones para moverse por todo el país.
Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías señalado del desfalco de la Calle 26. Permaneció solamente ocho meses en la cárcel y el 3 de agosto del 2018 un juez de Paloquemao ordenó su libertad. Su caso está en etapa de juicio.
Emilio Tapia, condenado a 17 años de cárcel. El pasado 28 de diciembre el juzgado primero de Ejecución de penas de Barranquilla le concedió el beneficio de casa por cárcel. Tan solo pagó 7 años de cárcel.
Federico Gaviria, Condenado en febrero a 33 meses señalado de haber destinado comisiones del 9% de un millonario contrato de ambulancias que suscribió con el Secretario de Salud Distrital Héctor Zambrano y sobre el cual recibieron coimas Emilio Tapia e Hipólito Moreno. Está detenido desde el 17 de julio por el caso de Odebrecht.
Paola Solarte. Socia del Grupo Solarte. Condenada a 6 años por el contrato con el Acueducto de Bogotá para la construcción del túnel Tunjuelo- Canoas. Paga prisión domiciliaria por ser madre de dos menos de edad

Funcionarios del distrito

Miguel Ángel Morales Russi, excontralor de Bogotá. Condenado a 6 años de cárcel en el 2011. Después de apelar tres veces la decisión un juez de Bogotá, en marzo del 2016, obtuvo su libertad. declaró que no era un peligro para la sociedad. Fue puesto en libertad
Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá, condenado el 28 de agosto del 2014 fue condenado a cinco años y cinco meses de cárcel. El propio Rojas Birry reconoció haber recibido más de 500 millones para no ejercer sus funciones como personero y hacerse el de la vista gorda durante el carrusel de la contratación. Ya está en libertad.
Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del IDU. Fue el primer condenado por el carrusel de la contratación condenado. Pagó 4 de los 7 años de la condena, rebaja que obtuvo por su colaboración con la justicia.
Juan Eduardo Montenegro, exsubdirector de infraestructura del IDU.  Condenado a 6 años de cárcel, logró el beneficio de casa por cárcel por su condición de padre cabeza de hogar.  para obtener la casa por cárcel.
Iván Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, condenado a dos años de cárcel, que pagó. Sirvió de enlace de los concejales Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Orlando Parada para repartir las coimas.
Juan Eugenio Varela, segundo al mando de la Secretaría de Salud durante la administración de Héctor Zambrano, fue condenado y capturado en el 2014 pero en el 2017 fue dejado libre por vencimiento de términos.
Orlando Fajardo permaneció un año en la cárcel acusado de manipulación del contrato Tunjuelo-Canoas para favorecer a Odebrecht y Solarte, pero obtuvo su libertad por vencimiento de términos.  El juicio continúa.

Gobernador de Cundinamarca
Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca, condenado a seis años de cárcel. Pagó dos años y desde diciembre están en prisión domiciliaria.

Concejales de Bogotá y políticos

Hipólito Moreno, condenado a 7 años de cárcel de los cuales pasó 2 en La Picota. Se le autorizó la prisión disciplinaria aduciendo enfermedad grave.
Andrés Camacho Casado, condenado a cinco años largos de cárcel, pagó un poco más de dos años.  Salió con libertad condicional y logró un permiso especial para visitar a su hijo en el exterior y se quedó a vivir en los Estados Unidos.
José Juan Rodríguez permaneció un año en la cárcel pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Sigue el juicio en libertad.
Wilson Duarte estuvo preso un año pero logró su libertad por  vencimiento de términos. El juicio continúa sin que haya sido aún condenado.
Jorge Ernesto Salamanca, condenado a cuatro años de cárcel, logró un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. No ha pagado un día de cárcel.
Germán Olano, el exrepresentante a la Cámara por Bogotá fue condenado a 8 años de cárcel. Pagó tres años de cárcel porque un juez de ejecución de penas de Bogotá le dio casa por cárcel.
Tomado de LAS 2 ORILLAS

martes, 6 de octubre de 2015

CORTE SUPREMA INVESTIGARIA A URIBE POR MASACRE DE EL ARO



Corte Suprema investigaría a Uribe por masacre de El Aro Foto: Jesús Abad Colorado

El Alto Tribunal tendrá la facultad de indagar si el hoy senador tiene alguna responsabilidad en la masacre cometida por los paramilitares en 1997, mientras él era gobernador de Antioquia. Uribe responde.
 Corte Suprema investigaría a Uribe por masacre de El Aro Foto: Jesús Abad Colorado
“Estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”.  Así, y desde su cuenta de Twitter, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez respondió a una decisión de la Fiscalía de trasladar un expediente en el que se menciona su presunta participación en la masacre del corregimiento El Aro (Antioquia), donde murieron 17 personas. Así lo reveló la mañana de este martes Caracol radio.

La Fiscalía toma esta decisión porque considera que las actuaciones judiciales contra Uribe por fuera de su periodo como presidente son causas judiciales que deben ser investigadas por la Corte Suprema.

Según fuentes de la Fiscalía, las investigaciones trasladadas al alto tribunal fueron por dos hechos: para que se investigue la relación de Uribe en el homicidio de Francisco Villalba, un paramilitar que en vida señaló a Uribe por esos hechos y por su presunta participación en la masacre de El Aro.

A esto se suma una recientemente declaración que obtuvo la Fiscalía del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna’, quien aseguró que el hoy senador tenía conocimiento de esos asesinatos.

En su declaración 'Don Berna’ vincula a varias personalidades de Antioquia. Entre ellas, al exsecretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, una de las personas más cercanas a Uribe cuando fungió como gobernador de ese departamento. Moreno murió en un accidente aéreo en febrero del 2006 cuando se encontraba a bordo de un helicóptero BELL-206-B que se estrelló en el Urabá antioqueño-.

Otra de las versiones sobre esa masacre, que también dejó 60 casas destruidas y decenas de desplazados, indica que mientras los paramilitares asesinaban a los campesinos un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, supuestamente, sobrevolaba la zona y no denunció el episodio.

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, dijo en entrevista conBlu radio que esta decisión demuestra una intención de emprender una arremetida contra el exmandatario y su círculo más cercano.

“Estamos en frente a una persecución sin precedentes de quien es el principal opositor del actual gobierno y del proyecto ideológico que defiende el fiscal general desde la trinchera de la Fiscalía”, dijo.

Para la defensa, el testimonio del exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos es, en cierta medida, inducido por quien interroga. “Es claro que la Fiscalía está sugiriéndole a quien declara las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas que serían inapropiadas en el terreno judicial”.

Esta será la oportunidad para que el hoy senador despeje todas las dudas que hay sobre su participación en esa masacre ordenada por Salvatore Mancuso, cuando él era gobernador de Antioquia.

Por cuenta de esa masacre, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación al derecho fundamental a la vida. Esto, porque la responsabilidad del Estado se habría derivado de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública de Ituango.

La CIDH además concluyó que la participación de agentes del Estado no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que omitieron, además, el deber de asistir a la población civil durante la incursión.

Tomado de la revista SEMANA